Revista Científica Enfoques del Conocimiento | V.02 | N.03 | Julio–Sep. | 2025 | https://revistacec.blez.edu.ec pág. 49
Seguridad informática y prevención de ataques
cibernéticos en sistemas organizacionales
IT Security and Cyberattack Prevention in Organizational Systems
Galarza-Sánchez, Paulo César
1
Herrera-Ramírez, César Daniel
2
https://orcid.org/0000-0003-4668-1158
https://orcid.org/0009-0009-7600-8643
paulogalarza@tsachila.edu.ec
chherrera15@espe.edu.ec
Ecuador, Santo Domingo, Instituto Superior
Tecnológico Tsa´chila.
Ecuador, Sangolqui, Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE.
Borja-Almeida, Luis Gonzalo
3
https://orcid.org/0009-0001-1338-1493
lugoboal.espe@gmail.com
México, Cancún, Universidad Americana de
Europa.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v2/n3/39
Resumen: La transformación digital ha incrementado la
exposición de los sistemas organizacionales a amenazas
capaces de comprometer la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, por lo que este estudio tuvo
como propósito analizar las principales amenazas,
vulnerabilidades y estrategias preventivas aplicables a la
gestión de la seguridad informática. Se desarrolló una revisión
bibliográfica de enfoque cualitativo, diseño no experimental,
alcance exploratorio y carácter descriptivo-analítico, mediante
la selección de literatura científica y documentos técnicos en
español e inglés, priorizando publicaciones recientes. La
información fue organizada en una matriz documental y
examinada mediante análisis temático de contenido y
comparación narrativa. Los resultados evidenciaron que los
ataques suelen originarse en la convergencia de
vulnerabilidades técnicas, configuraciones inadecuadas,
credenciales comprometidas, prácticas inseguras y
debilidades de gestión. Asimismo, se identificó que la defensa
en profundidad, la autenticación reforzada, la segmentación,
el monitoreo, las copias de seguridad verificadas, la
capacitación continua y el liderazgo institucional fortalecen la
capacidad preventiva. Se concluye que la ciberseguridad debe
gestionarse como una responsabilidad estratégica y
sociotécnica, sustentada en la integración de tecnología,
cultura organizacional, gobierno, respuesta planificada,
recuperación operativa y mejora continua.
Palabras clave: seguridad informática; ciberseguridad;
ataques cibernéticos; gestión del riesgo; resiliencia
organizacional.
Artículo Científico
Received: 15/Jun/2025
Accepted: 14/Jul/2025
Published: 16/Ago/2025
Cita: Galarza-Sánchez, P. C., Herrera-
Ramírez, C. D., & Borja-Almeida, L. G. (2025).
Seguridad informática y prevención de ataques
cibernéticos en sistemas
organizacionales. Revista Científica Enfoques
Del Conocimiento, 2(3), 49-
73. https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v
2/n3/39
Revista Científica Enfoques del Conocimiento
(RCEC)
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Artículo Científico
Abstract:
Digital transformation has increased the exposure of organizational systems to threats
capable of compromising the confidentiality, integrity, and availability of information.
Therefore, this study aimed to analyze the main threats, vulnerabilities, and preventive
strategies applicable to information security management. A qualitative literature
review was conducted using a non-experimental design, an exploratory scope, and a
descriptive-analytical approach through the selection of scientific literature and
technical documents published in English and Spanish, with priority given to recent
publications. The information was organized in a documentary analysis matrix and
examined through thematic content analysis and narrative comparison. The findings
showed that cyberattacks commonly arise from the convergence of technical
vulnerabilities, inadequate configurations, compromised credentials, unsafe practices,
and management weaknesses. Likewise, defense-in-depth strategies, enhanced
authentication, network segmentation, continuous monitoring, verified backups,
ongoing training, and institutional leadership were identified as factors that strengthen
preventive capacity. It is concluded that cybersecurity should be managed as a
strategic and sociotechnical responsibility based on the integration of technology,
organizational culture, governance, planned incident response, operational recovery,
and continuous improvement.
Keywords: information security; cybersecurity; cyberattacks; risk management;
organizational resilience.
1. Introducción
La transformación digital ha incrementado la dependencia de las organizaciones
respecto de infraestructuras conectadas, servicios en la nube, aplicaciones
empresariales y flujos permanentes de información, por lo que una interrupción o
intrusión puede comprometer procesos esenciales. En este contexto, la seguridad
informática ha dejado de constituir una responsabilidad exclusivamente técnica para
convertirse en un componente de la gestión integral del riesgo. El panorama continúa
siendo dinámico: la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad examinó
4.875 incidentes ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que evidencia la
persistencia y diversidad de las amenazas dirigidas contra entornos digitales
interconectados (European Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2025; National
Institute of Standards and Technology [NIST], 2024).
Asimismo, la exposición de los sistemas organizacionales se intensifica por la
convergencia de vulnerabilidades técnicas, configuraciones inadecuadas, controles
débiles de identidad y acceso, demora en la actualización de software, dependencia
de terceros y limitada articulación entre la estrategia institucional y la gestión
tecnológica. A estos factores se añaden prácticas inseguras de los usuarios,
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Artículo Científico
desconocimiento de las políticas internas y respuestas inadecuadas ante eventos
sospechosos. Por consiguiente, la inversión en herramientas tecnológicas no
garantiza por sí sola una protección efectiva, debido a que los comportamientos,
conocimientos y actitudes del personal influyen en la capacidad preventiva de la
organización y en el cumplimiento cotidiano de los controles establecidos (da Veiga et
al., 2020; Khando et al., 2021; Zwilling et al., 2022).
Las afectaciones derivadas de un ataque cibernético pueden extenderse más allá del
daño inmediato a los equipos o aplicaciones. La pérdida de confidencialidad expone
información estratégica, financiera o personal; la alteración de datos compromete su
integridad y puede distorsionar decisiones; mientras que la indisponibilidad de
servicios interrumpe operaciones y reduce la continuidad institucional. De igual
manera, los incidentes pueden generar pérdidas económicas, disminución de la
productividad, costos de recuperación, deterioro reputacional y pérdida de confianza
entre clientes, trabajadores y aliados. Cuando los sistemas se encuentran
interconectados, estas consecuencias pueden propagarse hacia proveedores y otros
actores de la cadena organizacional, aumentando la complejidad de la respuesta y la
recuperación (Khando et al., 2021; Prümmer et al., 2024).
Frente a este escenario, la literatura reconoce que los controles técnicos —como la
autenticación reforzada, la gestión de vulnerabilidades, la segmentación, el monitoreo
y las copias de seguridad— son indispensables, aunque deben integrarse con
gobierno institucional, políticas comprensibles, capacitación continua y mecanismos
de respuesta. La cultura de ciberseguridad adquiere especial relevancia porque
vincula valores, percepciones y comportamientos compartidos con la protección diaria
de la información. En consecuencia, el respaldo de la alta dirección, la comunicación
interna, la formación contextualizada y la participación activa del personal constituyen
condiciones necesarias para superar un cumplimiento meramente formal y consolidar
prácticas preventivas sostenibles (Alshaikh, 2020; Sutton & Tompson, 2025; Uchendu
et al., 2021).
No obstante, la revisión crítica de los estudios revela limitaciones que dificultan
trasladar el conocimiento disponible a decisiones organizacionales consistentes.
Aunque se han propuesto numerosos modelos de cultura, concienciación y
capacitación, gran parte de las evaluaciones utiliza cuestionarios de autopercepción,
mientras que pocos marcos han sido comprobados de manera prolongada en
entornos reales. Además, las investigaciones sobre formación presentan diferencias
en contenidos, duración, poblaciones y criterios de efectividad; varios estudios
emplean muestras reducidas, diseños no experimentales o participantes ajenos al
contexto laboral. Estas inconsistencias impiden determinar con suficiente claridad qué
combinaciones de controles técnicos, prácticas de gestión y estrategias conductuales
producen resultados preventivos sostenibles en organizaciones con características
distintas (Prümmer et al., 2024; Uchendu et al., 2021).
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Artículo Científico
En consecuencia, una revisión bibliográfica resulta pertinente para integrar evidencia
dispersa, contrastar enfoques y reconocer relaciones entre amenazas,
vulnerabilidades, cultura organizacional, controles preventivos y capacidad de
respuesta. Su relevancia social se relaciona con la protección de servicios,
información y usuarios; su valor teórico radica en articular perspectivas técnicas y
socioconductuales; y su utilidad metodológica consiste en organizar criterios
comparables para evaluar estrategias de prevención. El estudio es viable debido a la
disponibilidad de literatura científica indexada, estándares internacionales y
documentos técnicos de acceso público, sin requerir intervención directa sobre
personas o sistemas. La rigurosidad dependerá de una búsqueda trazable, criterios
explícitos de selección y atribución fiel de las fuentes consultadas (NIST, 2024;
Snyder, 2019).
Sobre esta base, el objetivo general de la revisión es analizar críticamente la evidencia
científica y técnica relacionada con la seguridad informática y la prevención de
ataques cibernéticos en sistemas organizacionales. Para alcanzarlo, se plantean
como objetivos específicos identificar las principales amenazas, vulnerabilidades y
condiciones organizacionales asociadas al riesgo; comparar los controles técnicos,
administrativos y humanos utilizados para prevenir incidentes; y sintetizar criterios,
indicadores y prácticas que orienten la gestión integral de la ciberseguridad. La
contribución esperada consiste en superar la descripción aislada de herramientas y
proponer una comprensión articulada entre gobierno, tecnología, cultura y
comportamiento, atendiendo la brecha existente entre la adopción formal de medidas
y su efectividad verificable en contextos organizacionales (NIST, 2024; Sutton &
Tompson, 2025).
2. Materiales y métodos
La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, con diseño no
experimental y de carácter documental, debido a que la unidad de análisis estuvo
constituida por publicaciones científicas y documentos técnicos relacionados con la
seguridad informática y la prevención de ataques cibernéticos en sistemas
organizacionales. El estudio adoptó un alcance exploratorio y descriptivo-analítico,
orientado a reconocer las principales perspectivas teóricas, amenazas,
vulnerabilidades, controles preventivos y factores organizacionales abordados en la
literatura. Asimismo, se emplearon los métodos analítico y sintético para examinar
individualmente los aportes de las fuentes y, posteriormente, integrarlos en categorías
interpretativas. Debido a la naturaleza documental del estudio, no se definió una
población humana ni se efectuó un cálculo estadístico de muestra; el corpus quedó
determinado por la pertinencia y suficiencia conceptual de los documentos
seleccionados (Picoy-Gonzales et al., 2023).
Se priorizaron documentos publicados entre enero de 2019 y julio de 2026 con el
propósito de recuperar evidencia relacionada con amenazas, tecnologías y estrategias
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organizacionales contemporáneas. No obstante, se admitieron publicaciones
anteriores cuando presentaron modelos teóricos, conceptos fundamentales o
procedimientos metodológicos indispensables para interpretar el desarrollo del
campo. La búsqueda se ejecutó en español e inglés y contempló artículos científicos,
revisiones bibliográficas, estudios empíricos, actas académicas relevantes,
estándares técnicos y documentos emitidos por organismos especializados. La
combinación de distintas fuentes permitió ampliar la cobertura temática y disminuir la
posibilidad de omitir estudios pertinentes (Celi-Párraga et al., 2023a).
Para recuperar la información se emplearon términos normalizados y expresiones
equivalentes relacionadas con el objeto de estudio. La ecuación general en inglés
integró los descriptores “information security” OR “cybersecurity” OR “cyber security”,
combinados mediante el operador AND con “cyberattack prevention” OR “security
controls” OR “cybersecurity awareness” OR “cyber risk management” y “organization”
OR “enterprise” OR “organizational systems”. De forma complementaria, se utilizaron
las expresiones en español “seguridad informática”, “ciberseguridad”, “prevención de
ataques cibernéticos”, “controles de seguridad”, “gestión del riesgo cibernético” y
“sistemas organizacionales”. Las ecuaciones fueron adaptadas a las características
de cada base de datos mediante operadores booleanos, comillas y truncamientos. El
procedimiento mantuvo flexibilidad para incorporar términos emergentes identificados
durante la lectura preliminar, sin modificar el propósito central de la revisión (Celi-
Párraga et al., 2023b).
Los criterios de inclusión comprendieron publicaciones con texto completo disponible,
redactadas en español o inglés y vinculadas directamente con amenazas cibernéticas,
vulnerabilidades, controles técnicos, políticas institucionales, cultura de seguridad,
comportamiento de los usuarios, gestión de incidentes o resiliencia organizacional.
También se incorporaron investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, así como
revisiones y documentos técnicos que aportaran información verificable para el
análisis. Se excluyeron registros duplicados, publicaciones sin identificación de
autoría, documentos de carácter exclusivamente comercial, contenidos sin respaldo
metodológico y estudios centrados únicamente en dispositivos personales sin relación
con procesos organizacionales. La selección se efectuó mediante la revisión sucesiva
del título, el resumen y el texto completo. Las decisiones de inclusión se registraron
en una matriz de control para conservar la trazabilidad del proceso, sin atribuir a la
investigación el carácter de revisión sistemática ni realizar metaanálisis (Mina-Bone,
2024).
Posteriormente, la información se organizó mediante una matriz documental diseñada
para registrar autoría, año de publicación, país o contexto, propósito del estudio,
enfoque metodológico, tipo de amenaza analizada, vulnerabilidades identificadas,
medidas preventivas, factores humanos y organizacionales, principales resultados y
limitaciones. La extracción mantuvo criterios uniformes para facilitar la comparación
entre publicaciones con diseños y perspectivas diferentes. Además, se valoraron la
correspondencia entre objetivos y resultados, la claridad metodológica, la pertinencia
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respecto del tema y la solidez de las conclusiones presentadas. Los documentos
institucionales se examinaron considerando la autoridad del organismo emisor, la
vigencia de la versión y la transparencia de la información. Este procedimiento
permitió integrar evidencia teórica, empírica y técnica sin asumir que todas las fuentes
poseían el mismo alcance o nivel de respaldo científico.
Finalmente, los datos fueron procesados mediante análisis temático de contenido y
comparación narrativa. La lectura analítica permitió identificar regularidades,
diferencias, relaciones conceptuales y vacíos de conocimiento, mientras que la
síntesis agrupó la evidencia en cinco ejes: amenazas y vulnerabilidades; controles
tecnológicos; gobierno y gestión del riesgo; cultura organizacional y comportamiento
humano; y respuesta, recuperación y resiliencia. Las conclusiones se formularon a
partir de la convergencia entre distintas fuentes y se señalaron las discrepancias
cuando los resultados dependían del contexto, el sector o el diseño metodológico.
Debido a la heterogeneidad de los documentos, no se realizaron estimaciones
estadísticas ni inferencias causales. En el ámbito ético, se respetaron la autoría
intelectual, la atribución de las ideas y la presentación fiel de los resultados originales,
sin intervención sobre personas, organizaciones o sistemas informáticos (Casanova-
Villalba & Casanova-Villalba, 2024).
3. Resultados
3.1. Estrategias integrales para la prevención de ataques cibernéticos en
sistemas organizacionales
La revisión de la literatura evidencia que la prevención de ataques cibernéticos
constituye un proceso multidimensional cuya efectividad depende de la integración
equilibrada de capacidades tecnológicas, estructuras de gobierno, prácticas de
gestión, mecanismos de respuesta y comportamientos humanos. En consecuencia, la
seguridad informática no debe concebirse como la acumulación de herramientas
defensivas independientes, sino como un sistema articulado de decisiones y controles
orientados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
así como a preservar la continuidad de las operaciones. Esta perspectiva resulta
especialmente relevante porque las amenazas actuales explotan simultáneamente
deficiencias técnicas, errores de configuración, debilidades procedimentales, accesos
excesivos y conductas humanas susceptibles de manipulación. Por ello, las
organizaciones requieren estrategias capaces de anticipar riesgos, reducir superficies
de exposición, detectar actividades anómalas y recuperar funciones esenciales
después de un incidente (Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021).
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Artículo Científico
Tabla 1
Dimensiones estratégicas para la prevención integral de ataques cibernéticos
Dimensión
Elementos principales
Propósito en la seguridad
informática
Capacidades
tecnológicas
Herramientas de protección, monitoreo,
detección y control de amenazas
Prevenir accesos no autorizados,
reducir vulnerabilidades e identificar
actividades anómalas
Gobierno de la
seguridad
Políticas, responsabilidades, toma de
decisiones y supervisión institucional
Garantizar una gestión coordinada y
alineada con los objetivos
organizacionales
Prácticas de gestión
Evaluación de riesgos, configuración
segura, control de accesos y
actualización de sistemas
Disminuir las superficies de exposición
y corregir debilidades técnicas o
procedimentales
Mecanismos de
respuesta
Protocolos de actuación, contención de
incidentes, recuperación y continuidad
operativa
Reducir el impacto de los ciberataques
y restablecer las funciones esenciales
Comportamiento
humano
Capacitación, concienciación, buenas
prácticas y prevención de la ingeniería
social
Disminuir errores humanos y conductas
susceptibles de manipulación
Protección de la
información
Confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos
Preservar la seguridad, confiabilidad y
accesibilidad de la información
Enfoque integral
Articulación de tecnologías, procesos,
personas y controles
Consolidar un sistema
multidimensional de prevención,
detección, respuesta y recuperación
Nota: La tabla sintetiza los principales componentes que intervienen en la prevención de ataques
cibernéticos, destacando la necesidad de articular capacidades tecnológicas, estructuras de gobierno,
prácticas de gestión, mecanismos de respuesta y factores humanos para proteger la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, así como garantizar la continuidad operativa. Elaboración
propia con base en Pascoe et al. (2024) y Ross et al. (2021) (Autores, 2026).
Desde una perspectiva sistémica, la prevención efectiva exige abandonar la lógica
reactiva basada exclusivamente en corregir daños después de una intrusión. El Marco
de Ciberseguridad 2.0 propone organizar la gestión mediante las funciones de
gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, las cuales conforman
un ciclo continuo y adaptable a organizaciones de diferente tamaño, sector y nivel de
madurez. Esta estructura permite comprender que la protección tecnológica debe
encontrarse precedida por decisiones de gobierno y evaluación del riesgo, y
complementada por capacidades de detección, respuesta y recuperación. En este
sentido, la integralidad no implica aplicar indiscriminadamente todos los controles
disponibles, sino seleccionar medidas proporcionales a la criticidad de los activos, las
amenazas previsibles, los recursos institucionales y las consecuencias potenciales de
una interrupción (Pascoe et al., 2024).
3.1.1. Principales amenazas y vulnerabilidades identificadas
Los resultados muestran que el panorama contemporáneo de amenazas se
caracteriza por la coexistencia de campañas masivas, ataques dirigidos y operaciones
híbridas que combinan ingeniería social, explotación de vulnerabilidades, compromiso
de credenciales, instalación de software malicioso y afectación deliberada de
servicios. El informe de ENISA correspondiente a 2025 examinó 4.875 incidentes
ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025, evidenciando que las organizaciones se
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enfrentan a actores que reutilizan herramientas, perfeccionan técnicas conocidas,
incorporan nuevos modelos de ataque y aprovechan vulnerabilidades en
infraestructuras digitales interdependientes. Esta evolución demuestra que la
amenaza no se limita a códigos maliciosos aislados, sino que comprende ecosistemas
delictivos capaces de adaptar sus procedimientos a las defensas existentes y de
combinar mecanismos técnicos con tácticas de manipulación humana (European
Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2025).
Entre las amenazas más recurrentes se encuentran el phishing, el ransomware, el
malware, el robo de credenciales, la denegación de servicio, la exfiltración de
información y el acceso no autorizado a sistemas institucionales. El phishing conserva
una elevada relevancia debido a que permite obtener contraseñas, distribuir archivos
maliciosos o inducir acciones perjudiciales mediante mensajes que imitan
comunicaciones legítimas. Su peligrosidad aumenta cuando se combina con técnicas
de ingeniería social dirigidas, puesto que los atacantes pueden utilizar información
pública para construir mensajes verosímiles y explotar factores como la urgencia, la
autoridad, la confianza o el temor. En consecuencia, la sofisticación de un ataque no
depende únicamente de la complejidad del código empleado, sino también de la
capacidad del adversario para comprender los procesos internos y manipular las
decisiones de los usuarios (Khando et al., 2021; ENISA, 2025).
El ransomware representa una amenaza particularmente crítica porque trasciende el
cifrado de archivos y puede comprometer simultáneamente la continuidad operativa,
la confidencialidad de la información y la reputación institucional. Las variantes
contemporáneas pueden incorporar mecanismos de doble o múltiple extorsión,
mediante los cuales los atacantes extraen información antes de cifrarla y
posteriormente amenazan con divulgarla o intensificar la interrupción. El análisis
empírico realizado por Connolly et al. sobre 55 ataques ocurridos en 50
organizaciones evidenció que la gravedad del impacto se relacionaba con la postura
de seguridad institucional, mientras que el tamaño organizacional no explicaba por sí
mismo la severidad experimentada. Por consiguiente, la vulnerabilidad frente al
ransomware depende menos de la dimensión de la entidad que de la calidad de sus
controles, la segmentación de sus redes, la protección de sus respaldos y su
preparación para responder (Connolly et al., 2020).
Las vulnerabilidades identificadas en la literatura no corresponden exclusivamente a
fallos de programación. También incluyen configuraciones inseguras, sistemas sin
actualización, aplicaciones heredadas, servicios expuestos innecesariamente,
privilegios excesivos, autenticación insuficiente, ausencia de segmentación y
desconocimiento de los activos conectados. Estas debilidades pueden acumularse
hasta conformar rutas de ataque que permiten a un adversario pasar desde un acceso
inicial aparentemente limitado hacia recursos de mayor criticidad. De esta manera,
una credencial comprometida puede convertirse en el punto de partida para el
desplazamiento lateral, la elevación de privilegios, la desactivación de mecanismos
defensivos y la afectación de servidores esenciales. La evidencia indica, por tanto,
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que la severidad de un incidente suele surgir de la interacción entre múltiples
deficiencias y no de una única vulnerabilidad aislada (Connolly et al., 2020; Pascoe et
al., 2024).
Asimismo, la expansión de los servicios en la nube, el trabajo remoto, los dispositivos
móviles, las plataformas colaborativas y los proveedores externos ha incrementado la
superficie de exposición organizacional. Las fronteras tradicionales de la red se han
vuelto menos definidas, debido a que los datos y aplicaciones pueden encontrarse
distribuidos entre infraestructuras internas, entornos virtuales y servicios
administrados por terceros. En estas condiciones, una organización puede resultar
afectada por vulnerabilidades presentes en componentes que no controla
directamente, como bibliotecas de software, plataformas compartidas, proveedores de
servicios o sistemas integrados. Por consiguiente, el análisis del riesgo debe
incorporar las relaciones de dependencia tecnológica y la seguridad de la cadena de
suministro, evitando limitar la evaluación al perímetro físico de la institución (Rose et
al., 2020; Pascoe et al., 2024).
Otro hallazgo relevante es la necesidad de interpretar las amenazas mediante
secuencias de ataque y no únicamente a partir de categorías independientes. Un
incidente puede comenzar con la obtención de información pública, continuar con el
envío de un mensaje fraudulento, producir el compromiso de una cuenta y culminar
con la extracción de datos o la interrupción de servicios. Esta visión permite reconocer
que cada etapa ofrece oportunidades diferentes de prevención, detección o
contención. La inteligencia de amenazas contribuye a este propósito mediante la
recopilación, evaluación y difusión de información sobre actores, indicadores, tácticas
y procedimientos, lo que favorece la contextualización de alertas y la priorización de
riesgos. Sin embargo, su utilidad depende de que la información obtenida se vincule
con los activos y procesos específicos de cada organización (Saeed et al., 2023).
3.1.2. Medidas tecnológicas para la prevención de incidentes
La literatura revisada identifica la defensa en profundidad como uno de los principios
fundamentales para disminuir la probabilidad y el impacto de los ataques cibernéticos.
Este enfoque plantea la implementación de controles complementarios en diferentes
niveles, de modo que la falla de una medida no implique la pérdida inmediata de todos
los mecanismos de protección. La combinación de inventarios de activos, controles
de acceso, segmentación, actualización de sistemas, protección de terminales,
monitoreo, cifrado y respaldos permite construir múltiples barreras frente a las
acciones del adversario. No obstante, la eficacia de esta arquitectura depende de la
coherencia entre sus componentes, debido a que una herramienta avanzada puede
perder utilidad cuando existen activos desconocidos, configuraciones deficientes o
responsabilidades operativas ambiguas (Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021).
El punto de partida de una estrategia tecnológica debe ser el conocimiento preciso de
los recursos que requieren protección. La identificación de servidores, aplicaciones,
bases de datos, dispositivos, cuentas, servicios externos y flujos de información
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permite establecer prioridades de acuerdo con su criticidad. Sin un inventario
actualizado, la organización puede mantener sistemas expuestos que no reciben
mantenimiento, activos que operan con configuraciones obsoletas o servicios cuya
existencia es desconocida para los responsables de seguridad. Por ello, la gestión de
activos debe vincularse con procesos de clasificación de información y evaluación de
riesgos, de manera que los recursos esenciales reciban medidas de protección
proporcionales a las consecuencias que produciría su pérdida, alteración o
indisponibilidad (Pascoe et al., 2024).
La gestión de vulnerabilidades constituye otra capacidad prioritaria y debe
desarrollarse como un proceso permanente de descubrimiento, evaluación, corrección
y verificación. La aplicación oportuna de actualizaciones reduce oportunidades de
explotación, aunque la priorización no debería basarse exclusivamente en la gravedad
técnica asignada a cada vulnerabilidad. También es necesario considerar si existe
evidencia de explotación, si el sistema afectado se encuentra expuesto, si almacena
información sensible y si participa en procesos críticos. De este modo, la corrección
se orienta hacia los riesgos con mayor probabilidad e impacto, evitando que los
equipos concentren recursos en vulnerabilidades de escasa relevancia mientras
permanecen desatendidos fallos con capacidad real de comprometer la operación. La
evidencia sobre ransomware confirma que las posturas deficientes de actualización y
protección incrementan la severidad potencial de los incidentes (Connolly et al., 2020;
Pascoe et al., 2024).
En materia de identidad y acceso, la autenticación multifactor, el principio de privilegio
mínimo y la revisión periódica de permisos constituyen mecanismos indispensables
para reducir el uso indebido de credenciales. La autenticación multifactor dificulta que
una contraseña comprometida sea suficiente para acceder a los recursos
institucionales, mientras que el privilegio mínimo limita las acciones disponibles para
cada usuario según sus responsabilidades. Esta lógica se fortalece mediante el
enfoque de confianza cero, el cual elimina la concesión automática de confianza
basada únicamente en la ubicación del usuario o del dispositivo dentro de la red. En
consecuencia, cada solicitud debe evaluarse considerando la identidad, el estado del
dispositivo, la sensibilidad del recurso y el contexto de acceso, con verificaciones
proporcionales al nivel de riesgo (Rose et al., 2020).
La segmentación de redes complementa la gestión de identidades porque restringe el
desplazamiento lateral de un atacante después del acceso inicial. En una
infraestructura sin divisiones adecuadas, una cuenta o dispositivo comprometido
puede facilitar la exploración y afectación de múltiples recursos internos. Por el
contrario, la separación de servidores, usuarios, dispositivos críticos y entornos
administrativos permite establecer controles diferenciados y contener la propagación
de actividades maliciosas. La microsegmentación amplía esta lógica mediante
políticas específicas aplicadas a recursos y cargas de trabajo, reduciendo la
dependencia del perímetro tradicional. No obstante, la segmentación requiere
planificación y supervisión continua, puesto que reglas excesivamente permisivas o
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configuraciones inconsistentes pueden mantener rutas de comunicación no previstas
(Rose et al., 2020; Ross et al., 2021).
La detección temprana requiere visibilidad sobre redes, terminales, identidades,
aplicaciones y servicios externos. Los sistemas de gestión y correlación de eventos,
las herramientas de detección y respuesta en terminales, los mecanismos de
supervisión de tráfico y las soluciones de análisis de comportamiento pueden facilitar
la identificación de actividades inusuales. Sin embargo, la incorporación de estas
tecnologías no garantiza automáticamente una detección eficaz, ya que su
desempeño depende de la calidad de los registros, la correcta configuración de reglas,
la disponibilidad de personal capacitado y la capacidad para diferenciar
comportamientos legítimos de eventos potencialmente maliciosos. En este contexto,
la inteligencia de amenazas puede enriquecer el análisis mediante indicadores y
conocimientos sobre tácticas adversarias, siempre que dicha información se adapte
al entorno institucional y no se utilice de forma descontextualizada (Saeed et al., 2023).
El cifrado constituye una medida relevante para limitar la exposición de información
sensible cuando se produce acceso no autorizado, pérdida de dispositivos o
interceptación de comunicaciones. Su aplicación debe abarcar datos almacenados y
datos en tránsito, acompañada por una gestión segura de claves y procedimientos
que aseguren la disponibilidad legítima de la información. No obstante, el cifrado no
reemplaza la prevención de accesos indebidos, debido a que un atacante que obtiene
credenciales válidas o compromete una aplicación puede acceder a los datos después
de que estos han sido descifrados por el sistema. Por consiguiente, debe
implementarse como parte de una estrategia más amplia que incluya controles de
identidad, supervisión, clasificación de información y protección de los entornos donde
se procesan los datos (Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021).
Las copias de seguridad representan una de las principales capacidades para
disminuir las consecuencias del ransomware y otros eventos destructivos; sin
embargo, su existencia no garantiza la recuperación. Los respaldos pueden resultar
inutilizados cuando permanecen conectados permanentemente al mismo entorno,
cuando comparten credenciales administrativas con los sistemas principales o cuando
nunca han sido sometidos a pruebas de restauración. En consecuencia, las
organizaciones deben conservar versiones protegidas, controlar rigurosamente el
acceso y verificar periódicamente la integridad de la información almacenada.
Además, la recuperación debe asociarse con objetivos definidos de tiempo y
disponibilidad, de modo que las prioridades técnicas respondan a las necesidades
reales de continuidad institucional (Connolly et al., 2020; Ross et al., 2021).
En conjunto, las medidas tecnológicas deben diseñarse para operar bajo el supuesto
de que alguna barrera puede ser superada. La prevención absoluta resulta difícil en
entornos complejos e interconectados; por ello, las arquitecturas deben incorporar
capacidades de contención, redundancia, recuperación y adaptación. La ingeniería de
resiliencia propone desarrollar sistemas capaces de anticipar condiciones adversas,
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Artículo Científico
resistir afectaciones, recuperar funciones esenciales y modificar sus defensas
después de un evento. Esta concepción transforma la seguridad desde una estrategia
centrada únicamente en impedir intrusiones hacia un enfoque orientado a preservar
las funciones críticas incluso cuando se produce un compromiso parcial (Ross et al.,
2021).
3.1.3. Influencia del factor humano y la cultura de ciberseguridad
La evidencia analizada demuestra que el factor humano no debe interpretarse
únicamente como una debilidad o como el denominado “eslabón más débil” de la
seguridad. Las decisiones de los usuarios se producen dentro de entornos
organizacionales que pueden facilitar o dificultar los comportamientos seguros.
Políticas ambiguas, procedimientos complejos, presión por cumplir metas, cargas
excesivas de trabajo y tecnologías poco intuitivas pueden inducir prácticas inseguras
incluso entre personas que poseen conocimientos sobre ciberseguridad. Por ello,
atribuir los incidentes exclusivamente al error individual simplifica un fenómeno que
también depende del diseño de procesos, la comunicación institucional y las
prioridades establecidas por la dirección. Una estrategia integral debe considerar a los
trabajadores como participantes activos capaces de identificar amenazas, reportar
situaciones anómalas y contribuir a la protección colectiva (Khando et al., 2021; Sutton
& Tompson, 2025).
La cultura de ciberseguridad comprende valores, conocimientos, percepciones,
normas y comportamientos compartidos que influyen en la manera en que los
miembros de una organización protegen la información. Su relevancia radica en que
las políticas formales no necesariamente se traducen en prácticas cotidianas. Una
institución puede disponer de procedimientos técnicamente adecuados y, al mismo
tiempo, mantener una cultura que normalice el intercambio de contraseñas, la omisión
de actualizaciones o el uso de mecanismos informales para transferir información. Por
consiguiente, la fortaleza cultural depende de la correspondencia entre las
expectativas declaradas, las decisiones directivas, los recursos disponibles y las
conductas observadas. La evidencia señala que una cultura sólida favorece
comportamientos conscientes, cumplimiento razonado de las políticas y mayor
compromiso con la protección institucional (da Veiga et al., 2020; Uchendu et al.,
2021).
El compromiso de la alta dirección constituye uno de los factores más influyentes en
la consolidación de una cultura preventiva. Cuando los responsables institucionales
participan activamente, asignan recursos, comunican prioridades y cumplen las
mismas normas exigidas al personal, la seguridad adquiere legitimidad organizacional.
Por el contrario, cuando se considera una responsabilidad exclusiva del área
tecnológica, los usuarios pueden percibir las medidas como restricciones ajenas a sus
funciones. El liderazgo debe traducirse en decisiones visibles, objetivos verificables y
responsabilidades distribuidas entre unidades administrativas, técnicas y operativas.
La revisión de Sutton y Tompson determinó que la participación directiva, el
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modelamiento de conductas, la educación, la supervisión y el respaldo organizacional
son dimensiones centrales para vincular cultura y comportamiento (Sutton &
Tompson, 2025).
La literatura también destaca la utilidad de establecer redes internas de promotores o
referentes de ciberseguridad. Estos actores pueden facilitar la comunicación entre los
equipos técnicos y las diferentes áreas, adaptar los mensajes a las necesidades
operativas y fortalecer la confianza para reportar dudas o incidentes. Alshaikh
identificó iniciativas organizacionales orientadas a reconocer comportamientos
prioritarios, crear redes de promotores, desarrollar una identidad comunicativa para
los equipos de seguridad y vincular las campañas con actividades institucionales.
Tales medidas contribuyen a superar el cumplimiento mínimo porque convierten la
seguridad en una práctica social compartida y no únicamente en una obligación
normativa. Sin embargo, estas iniciativas requieren continuidad y respaldo, puesto que
las campañas aisladas difícilmente modifican hábitos consolidados (Alshaikh, 2020).
La capacitación constituye una herramienta indispensable, aunque su efectividad
depende del diseño, la frecuencia, el contenido y la relación con las tareas reales de
los participantes. Los programas basados exclusivamente en exposiciones generales
pueden incrementar el conocimiento sin modificar necesariamente las decisiones
cotidianas. En contraste, los ejercicios interactivos, las simulaciones, los escenarios
contextualizados y las actividades basadas en problemas permiten practicar
respuestas frente a situaciones semejantes a las que podrían presentarse en el
entorno laboral. La revisión sistemática de Prümmer et al. analizó 142 investigaciones
y encontró una tendencia general hacia resultados positivos; no obstante, también
identificó muestras pequeñas, diseños no experimentales y evaluaciones realizadas
en poblaciones distintas de los trabajadores, lo que limita la generalización de algunas
conclusiones (Prümmer et al., 2024).
La evidencia reciente permite profundizar esta discusión al diferenciar entre cambios
cognitivos y transformaciones conductuales. El metaanálisis desarrollado por
Prümmer et al. identificó un efecto global positivo de las intervenciones formativas; sin
embargo, los resultados fueron mayores en conocimientos, actitudes y otros
antecedentes del comportamiento que en las conductas observadas. Esta diferencia
resulta fundamental porque demuestra que conocer una práctica segura no garantiza
su aplicación bajo condiciones reales de presión, urgencia o complejidad. Por tanto,
los programas deberían combinar capacitación con modificaciones en el diseño de
procesos, recordatorios contextuales, mecanismos de retroalimentación y reducción
de obstáculos operativos. La efectividad debe medirse por la capacidad de mejorar
decisiones y no únicamente por la asistencia o la aprobación de evaluaciones teóricas
(Prümmer et al., 2025).
Las simulaciones de phishing pueden aportar información sobre la exposición
organizacional y permitir intervenciones formativas inmediatas, pero deben utilizarse
con criterios éticos y pedagógicos. Una estrategia basada exclusivamente en
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sancionar a quienes interactúan con mensajes simulados puede producir temor,
ocultamiento de errores o desconfianza hacia los equipos de seguridad. Por el
contrario, el propósito debería ser identificar patrones, reconocer áreas que requieren
apoyo y fortalecer la capacidad colectiva para detectar intentos de manipulación. Las
métricas deben considerar no solo la interacción con mensajes fraudulentos, sino
también la rapidez del reporte, la identificación de señales de riesgo y la disminución
sostenida de comportamientos vulnerables. De esta manera, la evaluación contribuye
al aprendizaje institucional en lugar de convertirse en un mecanismo punitivo (Khando
et al., 2021; Sutton & Tompson, 2025).
La medición de la cultura de ciberseguridad requiere utilizar indicadores múltiples. Los
cuestionarios de percepción permiten conocer actitudes, conocimientos y opiniones,
aunque pueden verse afectados por respuestas socialmente deseables. Por ello,
deberían complementarse con observaciones conductuales, resultados de ejercicios,
niveles de participación, calidad de los reportes, cumplimiento de procedimientos y
análisis de incidentes. La evaluación multidimensional facilita la identificación de
diferencias entre áreas, funciones y niveles jerárquicos, evitando asumir que toda la
organización comparte las mismas prácticas. Además, los resultados deben
emplearse para orientar mejoras y no para responsabilizar indiscriminadamente a los
trabajadores, debido a que la cultura representa una propiedad colectiva influida por
liderazgo, políticas, tecnología y condiciones laborales (da Veiga et al., 2020; Sutton
& Tompson, 2025).
3.1.4. Gestión organizacional, respuesta y resiliencia ante incidentes
La gestión organizacional constituye el mecanismo encargado de integrar recursos
tecnológicos, capacidades humanas y objetivos institucionales dentro de una
estrategia coherente. La incorporación de la función de gobierno en el Marco de
Ciberseguridad 2.0 refuerza la necesidad de relacionar el riesgo cibernético con las
decisiones empresariales, la continuidad operativa y las responsabilidades directivas.
Esta aproximación implica definir estructuras de autoridad, criterios de priorización,
niveles aceptables de riesgo, mecanismos de supervisión e indicadores de
desempeño. La seguridad informática deja así de ser una responsabilidad exclusiva
de los departamentos técnicos y se convierte en un componente transversal que
requiere participación de la dirección, áreas jurídicas, recursos humanos, gestión de
riesgos, operaciones y proveedores estratégicos (Pascoe et al., 2024).
Una gobernanza efectiva debe establecer responsabilidades antes de que ocurra un
incidente. Las organizaciones necesitan determinar quién autoriza medidas de
contención, quién coordina la investigación, quién comunica información a las partes
interesadas y quién decide las prioridades de recuperación. La ausencia de estas
definiciones puede generar respuestas tardías, decisiones contradictorias y pérdida
de evidencia relevante. Asimismo, la asignación de responsabilidades debe
acompañarse de recursos, competencias y mecanismos de rendición de cuentas,
debido a que una política sin capacidades operativas puede convertirse en una
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declaración formal sin aplicación efectiva. La gestión del riesgo requiere que las
decisiones se revisen periódicamente conforme cambian las amenazas, las
tecnologías y los procesos institucionales (Pascoe et al., 2024; Nelson et al., 2025).
La gestión de terceros constituye una dimensión cada vez más relevante, puesto que
las organizaciones dependen de proveedores de software, servicios en la nube,
plataformas de comunicación, operadores tecnológicos y contratistas. Una
vulnerabilidad o interrupción en estos actores puede afectar indirectamente a múltiples
entidades, incluso cuando sus controles internos funcionan adecuadamente. Por esta
razón, la selección y supervisión de proveedores debería considerar requisitos de
seguridad, mecanismos de notificación, responsabilidades contractuales, niveles de
servicio y procedimientos de recuperación. El riesgo asociado con terceros no
desaparece mediante la contratación externa, debido a que las consecuencias
operativas, jurídicas y reputacionales pueden continuar recayendo sobre la
organización que utiliza el servicio (Pascoe et al., 2024; ENISA, 2025).
La respuesta a incidentes debe concebirse como una capacidad permanente
integrada en la gestión general del riesgo. La actualización de la guía NIST SP 800-
61 plantea que las actividades de respuesta no comienzan únicamente después de
detectar un ataque, sino que dependen de la preparación previa, la identificación de
activos, la implementación de controles y el desarrollo de capacidades de
recuperación. Esta visión permite reducir tanto la probabilidad como el impacto de los
eventos y mejorar la eficiencia de la detección, contención y restauración. En
consecuencia, los planes deben ser conocidos por los responsables, encontrarse
alineados con los procesos institucionales y contemplar diferentes escenarios, en
lugar de consistir en documentos genéricos que se consultan únicamente durante una
crisis (Nelson et al., 2025).
Durante un incidente, la organización debe disponer de procedimientos para analizar
señales, determinar el alcance, contener la propagación, eliminar mecanismos de
persistencia y restablecer las funciones afectadas. Sin embargo, la velocidad no debe
sustituir la rigurosidad, ya que decisiones apresuradas pueden destruir evidencia,
interrumpir procesos innecesariamente o permitir que el adversario mantenga accesos
ocultos. La coordinación entre equipos técnicos, directivos y jurídicos resulta
indispensable para equilibrar continuidad operativa, preservación de evidencia,
obligaciones institucionales y comunicación. Asimismo, la respuesta debe considerar
la posibilidad de que los medios habituales de comunicación se encuentren
comprometidos, por lo que resulta conveniente disponer de canales alternativos
previamente definidos (Nelson et al., 2025).
Los ejercicios y simulaciones constituyen instrumentos esenciales para validar la
capacidad de respuesta. Los ejercicios de mesa permiten analizar escenarios
hipotéticos, revisar responsabilidades y detectar contradicciones en los
procedimientos, mientras que las simulaciones técnicas evalúan la capacidad para
identificar, contener y recuperar sistemas bajo condiciones controladas. Estas
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actividades revelan problemas que pueden permanecer ocultos durante la revisión
documental, como información de contacto desactualizada, ausencia de permisos,
dependencia excesiva de una persona o dificultades de coordinación. Por tanto, la
preparación debe evaluarse mediante la ejecución y no únicamente por la existencia
de planes escritos. Los resultados de cada ejercicio deben traducirse en acciones
correctivas verificables y asignarse a responsables concretos (Nelson et al., 2025;
Ross et al., 2021).
La resiliencia cibernética amplía el enfoque preventivo al reconocer que ciertos
ataques pueden superar las barreras establecidas. Una organización resiliente no es
aquella que nunca experimenta incidentes, sino la que mantiene o recupera sus
funciones esenciales bajo condiciones adversas. Para ello, necesita identificar
procesos críticos, establecer prioridades, reducir puntos únicos de fallo, disponer de
alternativas operativas y desarrollar capacidades de adaptación. La resiliencia debe
incorporarse desde el diseño y durante todo el ciclo de vida de los sistemas, debido a
que resulta más difícil y costoso introducirla después de que las infraestructuras se
encuentran consolidadas. NIST plantea que los sistemas ciberresilientes deben ser
capaces de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse frente a compromisos y
condiciones adversas (Ross et al., 2021).
La recuperación debe contemplar dimensiones técnicas, operativas y
comunicacionales. Restaurar servidores o aplicaciones no significa necesariamente
que la organización haya recuperado su capacidad de prestar servicios, puesto que
también pueden existir procesos manuales interrumpidos, información pendiente de
validación, obligaciones regulatorias y pérdida de confianza entre usuarios o clientes.
Por ello, la recuperación requiere verificar la integridad de los sistemas, restablecer
servicios según su prioridad, comunicar información coherente y supervisar posibles
indicadores de persistencia. La coordinación con la continuidad del negocio permite
evitar que la recuperación tecnológica se desarrolle de forma aislada respecto de las
necesidades institucionales (Nelson et al., 2025; Ross et al., 2021).
Finalmente, la mejora continua transforma los incidentes y ejercicios en oportunidades
de aprendizaje. Las revisiones posteriores deben analizar causas técnicas, decisiones
humanas, fallos de coordinación y condiciones organizacionales que facilitaron el
evento. El propósito no consiste únicamente en identificar responsables, sino en
comprender por qué las barreras existentes no evitaron o limitaron el incidente. Los
resultados deben traducirse en ajustes de políticas, controles, arquitecturas,
procedimientos y programas formativos, acompañados por indicadores que permitan
verificar su implementación. Esta capacidad de aprender diferencia una respuesta
temporal de una estrategia de resiliencia sostenible, debido a que favorece la
adaptación frente a amenazas que cambian con mayor rapidez que los ciclos
tradicionales de planificación institucional (Nelson et al., 2025; Sutton & Tompson,
2025).
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Artículo Científico
Los resultados de la revisión evidencian que la prevención de ataques cibernéticos
requiere una arquitectura sociotécnica en la que las medidas tecnológicas, la cultura
institucional, la gobernanza y la resiliencia funcionen de manera complementaria. La
protección basada únicamente en herramientas deja sin atender factores humanos y
organizacionales, mientras que la capacitación sin controles técnicos mantiene
abiertas rutas de explotación. De igual modo, la respuesta carece de efectividad
cuando no existe preparación previa, y la recuperación resulta limitada cuando no se
encuentra vinculada con la continuidad de los procesos esenciales. En consecuencia,
la madurez en ciberseguridad depende de la capacidad para integrar prevención,
detección, respuesta, aprendizaje y adaptación dentro de un ciclo permanente de
gestión del riesgo (Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021; Sutton & Tompson, 2025).
4. Discusión
Realiza Los hallazgos derivados de la revisión permiten sostener que la seguridad
informática constituye un fenómeno organizacional de naturaleza sociotécnica y no
una problemática exclusivamente asociada con la infraestructura tecnológica. La
convergencia entre amenazas externas, vulnerabilidades internas, prácticas
laborales, decisiones administrativas y dependencias digitales demuestra que la
prevención requiere una arquitectura integral capaz de coordinar gobierno,
identificación de riesgos, protección, detección, respuesta y recuperación. Esta
interpretación coincide con el Marco de Ciberseguridad 2.0, cuya estructura desplaza
la atención desde la implementación aislada de controles hacia la gestión continua del
riesgo y la articulación de la ciberseguridad con los objetivos institucionales. En
consecuencia, la madurez organizacional no debería valorarse únicamente por la
cantidad o sofisticación de las herramientas adquiridas, sino por la capacidad para
integrarlas dentro de procesos verificables, responsabilidades definidas y
mecanismos permanentes de adaptación (Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021).
La evidencia examinada también permite cuestionar la presunción de que las
organizaciones de mayor tamaño se encuentran necesariamente mejor protegidas por
disponer de más recursos económicos y tecnológicos. El estudio de Connolly et al.
(2020), basado en 55 ataques registrados en 50 organizaciones, no encontró
diferencias significativas en la severidad del ransomware asociadas exclusivamente
con el tamaño institucional; en cambio, las entidades con posturas de seguridad
débiles experimentaron consecuencias considerablemente más graves. Este
resultado sugiere que la disponibilidad de recursos no produce protección de forma
automática, debido a que su efectividad depende de la calidad de la gobernanza, la
coherencia de las políticas, la actualización tecnológica y la preparación operativa.
Asimismo, implica que las organizaciones pequeñas no deberían asumir que la
ciberseguridad avanzada es inaccesible, puesto que medidas priorizadas —como
control de accesos, respaldo probado, actualización y respuesta planificada— pueden
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reducir sustancialmente la exposición aun cuando existan restricciones
presupuestarias (Connolly et al., 2020; Pascoe et al., 2024).
Respecto de las medidas tecnológicas, los resultados respaldan la defensa en
profundidad como una estrategia más consistente que la dependencia de un único
mecanismo preventivo. La autenticación multifactor puede disminuir el riesgo derivado
del robo de contraseñas, pero pierde eficacia cuando existen permisos excesivos,
configuraciones inseguras o sistemas sin supervisión. De igual manera, la
actualización reduce oportunidades de explotación, aunque no impide ataques
basados en manipulación humana, abuso de credenciales válidas o vulnerabilidades
aún desconocidas. Por consiguiente, los controles deben operar de manera
complementaria y responder a una lógica de reducción progresiva del riesgo:
identificar los activos, disminuir la superficie de exposición, limitar privilegios, dificultar
el desplazamiento lateral, detectar anomalías y preservar capacidades de
recuperación. Esta interpretación coincide con la orientación del Marco de
Ciberseguridad 2.0, que no prescribe una tecnología específica, sino resultados de
seguridad adaptables al tamaño, sector, nivel de madurez y contexto de cada
organización (Pascoe et al., 2024).
No obstante, la incorporación de tecnologías avanzadas puede generar una
percepción engañosa de protección cuando no se encuentra acompañada por
capacidades de administración, monitoreo y evaluación. Las herramientas de
detección, correlación de eventos o análisis automatizado producen grandes
volúmenes de información cuya utilidad depende de la calidad de los registros, la
pertinencia de las reglas y la disponibilidad de personal capaz de interpretar las
alertas. Por ello, una infraestructura tecnológicamente sofisticada puede conservar
vulnerabilidades significativas si los activos no están identificados, los controles
permanecen mal configurados o las alertas no reciben tratamiento oportuno. Desde
esta perspectiva, la eficacia de las medidas tecnológicas no reside únicamente en sus
prestaciones técnicas, sino en la forma en que se incorporan a los procesos
institucionales. La selección de controles debería basarse en riesgos concretos y
resultados esperados, evitando la adquisición fragmentaria de soluciones que
incrementen la complejidad operativa sin fortalecer proporcionalmente la protección
(Pascoe et al., 2024; Ross et al., 2021).
En cuanto al factor humano, la revisión cuestiona la representación del trabajador
como un elemento inherentemente débil dentro de la seguridad organizacional.
Aunque las decisiones individuales pueden facilitar incidentes, dichas conductas se
producen en entornos configurados por políticas, tecnologías, cargas laborales,
incentivos y prácticas institucionales. Considerar al usuario como único responsable
puede ocultar deficiencias estructurales, tales como procedimientos excesivamente
complejos, ausencia de orientación, limitada participación directiva o mecanismos de
reporte poco accesibles. Por ello, el personal debería comprenderse como una
capacidad activa de prevención y detección, capaz de reconocer señales de riesgo,
reportar anomalías y contribuir a la protección colectiva. Esta perspectiva requiere
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Artículo Científico
sustituir el enfoque culpabilizador por modelos centrados en el aprendizaje, la
corresponsabilidad y el diseño de condiciones que faciliten comportamientos seguros
durante las actividades laborales ordinarias (Khando et al., 2021; Sutton & Tompson,
2025).
La formación en ciberseguridad representa un componente indispensable, aunque los
resultados indican que el incremento del conocimiento no equivale necesariamente a
una modificación sostenida del comportamiento. La revisión sistemática de Prümmer
et al. (2024) identificó efectos favorables en numerosos programas, pero también
reveló limitaciones relacionadas con muestras pequeñas, diseños no experimentales
y evaluaciones realizadas fuera de contextos laborales. Posteriormente, el
metaanálisis de Prümmer et al. (2025) encontró efectos más intensos sobre
conocimientos, actitudes y antecedentes conductuales que sobre las conductas
observadas. Esta diferencia resulta relevante porque demuestra que una persona
puede reconocer conceptualmente una amenaza y, aun así, actuar de manera
insegura frente a situaciones de urgencia, presión o ambigüedad. En consecuencia,
las organizaciones deberían complementar la capacitación con simulaciones
contextualizadas, retroalimentación oportuna, simplificación de procedimientos y
controles técnicos que reduzcan la dependencia exclusiva de la decisión humana
(Prümmer et al., 2024, 2025).
La gestión organizacional constituye el componente integrador de las dimensiones
técnicas y humanas identificadas. La incorporación explícita de la función de gobierno
en el Marco de Ciberseguridad 2.0 confirma que la gestión del riesgo cibernético debe
vincularse con la misión, los objetivos operativos y las decisiones estratégicas. Esta
orientación implica establecer responsabilidades, prioridades, niveles aceptables de
riesgo, mecanismos de supervisión y criterios para distribuir recursos. La
ciberseguridad deja así de ser un asunto exclusivo de los departamentos tecnológicos
y se convierte en una responsabilidad compartida entre dirección, operaciones,
gestión de riesgos, recursos humanos, áreas jurídicas y proveedores. Esta
transversalidad es necesaria porque las decisiones adoptadas fuera del ámbito
tecnológico —contratación de servicios, adquisición de plataformas, gestión del
personal o continuidad operativa— pueden modificar significativamente la exposición
institucional. Por consiguiente, una gobernanza eficaz debe asegurar coherencia entre
decisiones estratégicas, controles técnicos y prácticas cotidianas (Pascoe et al., 2024;
Uchendu et al., 2021).
La respuesta a incidentes debe interpretarse, además, como una capacidad integrada
al ciclo de gestión del riesgo y no como una actividad improvisada después de que se
materializa una intrusión. La actualización de la guía NIST SP 800-61 vincula la
respuesta con las actividades previas de gobierno, identificación y protección, de
manera que la preparación contribuya tanto a disminuir la probabilidad de incidentes
como a reducir sus consecuencias. Esta integración exige procedimientos de
detección, análisis, contención, recuperación y comunicación, acompañados por
funciones previamente asignadas y mecanismos de coordinación. La existencia de un
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Artículo Científico
plan, por sí sola, no garantiza capacidad operativa; su efectividad depende de que sea
conocido, actualizado y sometido a ejercicios periódicos. Por ello, las simulaciones y
ejercicios de mesa resultan relevantes para identificar dependencias, inconsistencias
y vacíos antes de una crisis real, especialmente cuando los canales habituales de
comunicación o los sistemas institucionales pueden encontrarse comprometidos
(Nelson et al., 2025).
En términos integradores, la evidencia permite proponer que la efectividad preventiva
depende de la interacción entre cuatro capacidades: reducción de vulnerabilidades,
protección tecnológica estratificada, cultura organizacional y preparación para
responder y recuperarse. Ninguna de estas dimensiones resulta suficiente de manera
independiente. Los controles técnicos pueden ser eludidos cuando existen prácticas
inseguras; la capacitación pierde alcance cuando los sistemas mantienen
configuraciones vulnerables; la respuesta resulta tardía cuando las responsabilidades
no están definidas; y los respaldos son insuficientes cuando no se prueban o no se
relacionan con prioridades operativas. Por tanto, la principal contribución conceptual
de la revisión consiste en mostrar que la seguridad informática debe gestionarse como
un sistema de capacidades interdependientes y no como una colección fragmentada
de soluciones. Esta interpretación se corresponde con los enfoques contemporáneos
que articulan riesgo, comportamiento, gobernanza y resiliencia dentro de una
estructura institucional común (Pascoe et al., 2024; Sutton & Tompson, 2025; Ross et
al., 2021).
Desde una perspectiva práctica, los resultados sugieren que las organizaciones
deberían priorizar acciones de acuerdo con la criticidad de sus procesos y no mediante
la adopción indiscriminada de tecnologías. La identificación de activos, la gestión
oportuna de vulnerabilidades, el control de privilegios, la segmentación, la
autenticación reforzada, la supervisión continua y las pruebas de recuperación
conforman una base técnica que debe complementarse con liderazgo, formación
contextualizada y procedimientos de respuesta. Esta priorización facilita el uso
racional de recursos y permite establecer indicadores verificables de avance.
Asimismo, evita que la ciberseguridad se convierta en una sucesión de proyectos
independientes sin continuidad institucional. La adopción de perfiles de situación
actual y deseada, acompañados por evaluaciones periódicas, puede contribuir a
identificar brechas y orientar inversiones según riesgos específicos, manteniendo la
flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes tamaños, sectores y niveles de
madurez organizacional (Pascoe et al., 2024; Nelson et al., 2025).
No obstante, los resultados deben interpretarse considerando las limitaciones
inherentes al carácter exploratorio y bibliográfico del estudio. La heterogeneidad de
las fuentes, los contextos organizacionales, las metodologías y los indicadores
dificulta establecer comparaciones directas o determinar la superioridad universal de
una medida preventiva. Además, la rápida evolución de las amenazas puede reducir
la vigencia de ciertos hallazgos técnicos, mientras que la predominancia de estudios
basados en autoinformes limita la evaluación del comportamiento real. Al no
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corresponder a un metaanálisis ni a una revisión sistemática con estimaciones
agregadas, la presente investigación no permite establecer relaciones causales ni
cuantificar la efectividad comparativa de los controles. Sin embargo, la revisión
bibliográfica conserva valor para integrar conocimientos fragmentados, reconocer
convergencias conceptuales, identificar contradicciones y formular una interpretación
articulada del fenómeno, siempre que sus procedimientos y alcances se presenten
con transparencia (Snyder, 2019; Prümmer et al., 2024).
Las investigaciones futuras deberían avanzar hacia diseños longitudinales y
evaluaciones desarrolladas en entornos organizacionales reales, con indicadores que
integren resultados técnicos, conductuales y operativos. Resulta necesario determinar
qué combinaciones de controles producen mejoras sostenibles según el sector,
tamaño, madurez y nivel de exposición de las organizaciones, así como examinar la
relación entre liderazgo, cultura, comportamiento y resiliencia. También conviene
ampliar el análisis de las cadenas de suministro digital, los servicios en la nube y las
dependencias de terceros, debido a que la seguridad institucional se encuentra cada
vez más condicionada por infraestructuras externas. En este sentido, la originalidad
de la revisión radica en articular amenazas, vulnerabilidades, medidas tecnológicas,
cultura y gestión de incidentes dentro de una comprensión común: la prevención
efectiva no consiste en eliminar toda posibilidad de ataque, sino en reducir la
exposición, limitar las consecuencias y fortalecer la capacidad organizacional para
aprender y adaptarse continuamente (ENISA, 2025; Sutton & Tompson, 2025; Ross
et al., 2021).
5. Conclusiones
La revisión permitió determinar que la seguridad informática debe asumirse como una
responsabilidad estratégica y transversal, debido a que la prevención de ataques
cibernéticos no depende únicamente de la incorporación de herramientas
tecnológicas, sino de la articulación entre gobierno institucional, gestión del riesgo,
protección de activos, vigilancia continua, respuesta planificada y recuperación
operativa. En este sentido, la eficacia de las estrategias preventivas se fortalece
cuando la ciberseguridad se integra en los procesos de toma de decisiones y se
vincula con la continuidad de las funciones críticas de la organización.
Asimismo, se concluye que las principales amenazas cibernéticas aprovechan la
convergencia entre vulnerabilidades técnicas, deficiencias administrativas y
comportamientos humanos susceptibles de manipulación. El phishing, el ransomware,
el compromiso de credenciales, la explotación de vulnerabilidades y el acceso no
autorizado adquieren mayor capacidad de afectación cuando existen sistemas
desactualizados, configuraciones inseguras, privilegios excesivos, redes
insuficientemente segmentadas y mecanismos de respaldo deficientes. Por
consiguiente, la severidad de los incidentes no depende únicamente del tipo de
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Artículo Científico
ataque, sino también del nivel de preparación y madurez preventiva de cada
organización.
De igual manera, la evidencia analizada confirma que las medidas tecnológicas
alcanzan mayor efectividad cuando se implementan mediante un enfoque de defensa
en profundidad. La identificación y clasificación de activos, la gestión continua de
vulnerabilidades, la autenticación multifactor, el principio de privilegio mínimo, la
segmentación de redes, el monitoreo permanente, el cifrado y las copias de seguridad
verificadas constituyen controles complementarios que reducen la probabilidad de
intrusión y limitan la propagación de los ataques. No obstante, ninguna medida
garantiza protección absoluta de forma aislada, por lo que su implementación debe
responder a una evaluación contextualizada de riesgos y prioridades
organizacionales.
Por otra parte, el factor humano representa una capacidad esencial para la prevención
y no únicamente una fuente potencial de vulnerabilidad. La consolidación de una
cultura de ciberseguridad requiere liderazgo visible, políticas comprensibles,
formación continua, comunicación interna y participación activa del personal. Las
actividades de capacitación deben superar el cumplimiento formal y orientarse al
desarrollo de competencias aplicables en situaciones reales, mediante ejercicios
contextualizados, simulaciones y mecanismos de retroalimentación. En consecuencia,
el fortalecimiento de los conocimientos debe acompañarse de condiciones
organizacionales que faciliten conductas seguras y promuevan el reporte oportuno de
incidentes sin recurrir a enfoques exclusivamente punitivos.
Finalmente, la gestión de incidentes y la resiliencia deben considerarse componentes
inseparables de la prevención. Las organizaciones necesitan disponer de
responsabilidades claramente definidas, procedimientos de detección, mecanismos
de contención, estrategias de comunicación, planes de recuperación y ejercicios
periódicos que permitan validar su capacidad operativa. La protección efectiva no
consiste únicamente en impedir ataques, sino también en mantener las funciones
esenciales, reducir las consecuencias de los eventos adversos y transformar cada
incidente en una oportunidad de aprendizaje y mejora. En conjunto, la revisión
demuestra que una estrategia sostenible de ciberseguridad surge de la integración
equilibrada entre tecnología, personas, procesos, liderazgo y capacidad institucional
de adaptación.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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Artículo Científico
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