Revista Científica Enfoques del Conocimiento | V.02 | N.01 | Ene–Mar | 2025 | https://revistacec.blez.edu.ec pág. 1
Ciberdelitos y desafíos legales en la protección de
datos personales y privacidad digital
Cybercrime and legal challenges in the protection of personal data
and digital privacy
Castro-Morales, Samuel
1
Samaniego-Quiguiri, Delia Paulina
2
https://orcid.org/0000-0003-1753-2516
https://orcid.org/0000-0002-2051-3431
samuel.morales-externo@unir.net
samaniegod@fiscalia.gob.ec
España, La Rioja, Universidad Internacional de la
Rioja.
Ecuador, Bolivar, Fiscalía General del Estado.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v2/n1/27
Resumen: La acelerada digitalización de servicios públicos,
financieros, educativos, comerciales y sociales en
Latinoamérica ha incrementado la exposición de datos
personales frente a fraudes, accesos indebidos, filtraciones,
ransomware, phishing y suplantación de identidad, generando
riesgos económicos, jurídicos e institucionales. El estudio tuvo
como objetivo analizar la relación entre los ciberdelitos y los
desafíos legales vinculados con la protección de datos
personales y la privacidad digital en la región. Se desarrolló
una investigación documental, cualitativa, exploratoria e
interpretativa, basada en literatura científica, doctrina jurídica,
informes técnicos, marcos normativos y documentos
institucionales publicados entre 2014 y 2025. Los resultados
evidencian que los ciberdelitos predominantes comprometen
principalmente credenciales, documentos de identidad, datos
financieros, registros administrativos, información de salud y
datos de menores, mientras persisten brechas normativas,
limitada notificación de incidentes, escasa madurez
institucional y debilidades técnicas de respuesta. La discusión
sostiene que la privacidad digital no puede protegerse
mediante normas aisladas ni soluciones tecnológicas
fragmentadas, sino mediante gobernanza integral de la
ciberseguridad. Se concluye que Latinoamérica requiere
fortalecer marcos legales, capacidades institucionales,
cooperación regional y cultura organizacional para prevenir,
contener, sancionar y reparar los daños derivados de la
criminalidad informática.
Palabras clave: ciberdelitos; protección de datos; privacidad
digital; ciberseguridad; Latinoamérica.
Artículo Científico
Received: 18/Nov/2024
Accepted: 20/Dic/2024
Published: 16/Ene/2025
Cita: Castro-Morales, S., & Samaniego-
Quiguiri, D. P. (2025). Ciberdelitos y desafíos
legales en la protección de datos personales y
privacidad digital. Revista Científica Enfoques
Del Conocimiento, 2(1), 1-
18. https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v
2/n1/27
Revista Científica Enfoques del Conocimiento
(RCEC)
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Abstract:
The accelerated digitalization of public, financial, educational, commercial, and social
services in Latin America has increased the exposure of personal data to fraud,
unauthorized access, data breaches, ransomware, phishing, and identity theft,
generating economic, legal, and institutional risks. This study aimed to analyze the
relationship between cybercrime and the legal challenges associated with personal
data protection and digital privacy in the region. A documentary, qualitative,
exploratory, and interpretative research design was applied, based on scientific
literature, legal doctrine, technical reports, regulatory frameworks, and institutional
documents published between 2014 and 2025. The results show that the most
prevalent cybercrimes mainly compromise credentials, identity documents, financial
data, administrative records, health information, and children’s data, while regulatory
gaps, limited incident notification mechanisms, low institutional maturity, and technical
weaknesses in response capacities persist. The discussion argues that digital privacy
cannot be protected through isolated legal rules or fragmented technological solutions,
but requires comprehensive cybersecurity governance. It is concluded that Latin
America needs to strengthen legal frameworks, institutional capacities, regional
cooperation, and organizational culture to prevent, contain, sanction, and repair the
harms caused by cybercrime.
Keywords: cybercrime; data protection; digital privacy; cybersecurity; Latin America.
1. Introducción
La expansión de servicios digitales, comercio electrónico, banca móvil, gobierno digital
y plataformas sociales ha convertido los datos personales en un recurso estratégico
para la vida cotidiana en Latinoamérica, pero también en un objetivo central de
economías ilícitas basadas en fraude, extorsión, suplantación de identidad, acceso
indebido y filtración de información sensible. En este escenario, los ciberdelitos no
pueden entenderse solo como fallas técnicas, sino como fenómenos sociojurídicos
que tensionan la privacidad digital, la seguridad de la información y la capacidad
estatal para prevenir, investigar y sancionar conductas transfronterizas. La magnitud
del problema ya es verificable: en 2023, el 30% de las organizaciones
latinoamericanas reportó al menos un incidente de seguridad, y los sectores más
expuestos fueron gobierno, informática/tecnología y banca/finanzas, precisamente
aquellos que concentran datos masivos de ciudadanos y usuarios (ESET, 2024;
Solove, 2006).
La gravedad del fenómeno se amplifica porque las afectaciones no se agotan en la
pérdida de archivos o credenciales, sino que alcanzan costos económicos,
reputacionales e institucionales que deterioran la confianza pública en los servicios
digitales. En 2024, el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica llegó
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a US$2,76 millones, 12% más que el año anterior; además, las industrias con mayor
impacto fueron el sector industrial con US$3,54 millones, el financiero con US$3,22
millones y el de servicios con US$2,94 millones, mientras que el phishing representó
el 16% de los incidentes y costó en promedio US$2,91 millones por filtración (IBM,
2024; Acquisti et al., 2015). La ausencia de respuestas coordinadas puede normalizar
la vigilancia abusiva, el robo de identidad, la extorsión digital y la interrupción de
servicios esenciales, con efectos diferenciados sobre personas, empresas y
administraciones públicas (Nissenbaum, 2004).
El marco normativo regional muestra avances relevantes, aunque desiguales, porque
la protección de datos personales ha progresado con mayor velocidad que la
gobernanza integral de la ciberseguridad. Un estudio comparado de 33 países de
América Latina y el Caribe identificó que 22 cuentan con legislación vigente en
protección de datos personales y que todos esos 22 tienen una autoridad de control;
sin embargo, 11 países todavía carecen de una ley en la materia, lo que fragmenta la
tutela efectiva de derechos y dificulta la cooperación transfronteriza (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe {CEPAL}, 2024; Organización de los
Estados Americanos {OEA}, 2021). La brecha es más visible cuando se observa que
21 de los 22 países con normativa prevén obligaciones de seguridad sobre los datos,
pero solo 11 incorporan mecanismos de gestión de incidentes, y 18 de los 33 países
no cuentan con lineamientos nacionales de notificación de incidentes (CEPAL, 2024).
La literatura especializada ha explicado que el cibercrimen transforma el delito
tradicional al permitir acciones automatizadas, masivas y de bajo costo marginal,
mientras que la teoría de la privacidad ha mostrado que el daño no se limita a la
divulgación, sino que incluye recolección indebida, agregación, inseguridad, uso
secundario e intrusión contextual (Wall, 2007; Solove, 2006; Nissenbaum, 2004). Pese
a ello, los estudios sobre Latinoamérica suelen concentrarse en descripciones
normativas por país o en diagnósticos técnicos de amenazas, dejando menos
exploradas las relaciones entre capacidad institucional, obligación de notificar
incidentes, madurez de CERT/CSIRT, costos de filtración, cumplimiento empresarial
y derechos de los titulares. La inconsistencia importa porque la región puede exhibir
leyes formales y, al mismo tiempo, debilidades operativas: solo 7 países cuentan con
CERT/CSIRT gubernamental con mandato nacional, 12 no poseen CERT/CSIRT, y
apenas Chile cuenta con una ley específica de ciberseguridad (CEPAL, 2024;
Hoofnagle et al., 2019).
La pertinencia de estudiar conjuntamente ciberdelitos y desafíos legales radica en que
la privacidad digital se vuelve ineficaz cuando la legislación no se articula con
capacidades reales de prevención, detección, respuesta, sanción y reparación. En
términos sociales, el análisis permite proteger a usuarios frente a fraudes, doxing,
ransomware, suplantación y explotación de datos sensibles; en términos
institucionales, contribuye a fortalecer la confianza en gobiernos digitales, sistemas
financieros, plataformas educativas y servicios de salud; y en términos económicos,
ayuda a reducir pérdidas asociadas a interrupciones, litigios, recuperación tecnológica
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y sanciones regulatorias (IBM, 2024; Yar & Steinmetz, 2019). La Agenda Digital
eLAC2026 reconoce esta prioridad al proponer marcos sólidos de gobernanza que
resguarden privacidad, transparencia y seguridad de la información personal, lo que
confirma la conveniencia regional de producir evidencia útil para política pública y
gestión organizacional (CEPAL, 2024).
La viabilidad del estudio se sostiene en la disponibilidad razonable de fuentes abiertas
y comparables: informes regionales, legislación vigente, documentos de autoridades
de protección de datos, estrategias nacionales, reportes de incidentes y bases
institucionales sobre madurez cibernética. La CEPAL ha construido matrices para 33
países de la región, mientras que el informe BID-OEA de 2025 evaluó capacidades
nacionales con el modelo de madurez CMM y registró avances entre 2020 y 2025,
aunque con rezagos en protección de infraestructura crítica, calidad de software e
investigación en ciberseguridad (BID & OEA, 2025; CEPAL, 2024). Desde una
perspectiva ética, el uso de información secundaria, agregada y pública permite
minimizar riesgos para titulares de datos, siempre que se evite exponer
vulnerabilidades explotables, datos personales identificables o información sensible
no necesaria para el análisis (OEA, 2021; Nissenbaum, 2004).
A partir de esta brecha, el propósito del estudio es analizar la relación entre los
ciberdelitos y los desafíos legales en la protección de datos personales y la privacidad
digital en Latinoamérica, considerando tanto el nivel normativo como las capacidades
institucionales de respuesta. Para cumplirlo, se propone describir las principales
modalidades de ciberdelitos que comprometen datos personales; determinar las
brechas normativas e institucionales en protección de datos, notificación de incidentes
y ciberseguridad; comparar las respuestas regulatorias y operativas entre países de
la región; y relacionar los costos, vectores de ataque y niveles de madurez con la
existencia de mecanismos de seguridad, supervisión y cooperación. La contribución
esperada consiste en ofrecer una lectura integrada, original y aplicable que conecte
evidencia empírica, teoría de la privacidad y análisis jurídico comparado para orientar
decisiones académicas, regulatorias y organizacionales (Acquisti et al., 2015; CEPAL,
2024; IBM, 2024; Solove, 2006).
2. Materiales y métodos
Se desarrolló una investigación documental de enfoque cualitativo, con alcance
exploratorio y orientación interpretativa, adecuada para examinar un fenómeno
complejo cuya comprensión exige integrar literatura científica, doctrina jurídica,
reportes institucionales y marcos normativos sobre ciberdelitos, protección de datos
personales y privacidad digital en Latinoamérica. La revisión bibliográfica se asumió
como estrategia central porque permite ordenar conocimiento disperso, reconocer
patrones conceptuales, identificar vacíos analíticos y establecer relaciones entre
dimensiones jurídicas, tecnológicas e institucionales sin pretender medir causalidad
estadística ni generalizar resultados poblacionales. En coherencia con ello, la unidad
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de análisis estuvo conformada por publicaciones académicas, libros especializados,
artículos indexados, documentos técnicos y normas vinculadas con delitos
informáticos, seguridad de datos, privacidad digital, gobernanza de la ciberseguridad
y responsabilidad legal frente a incidentes digitales.
Se emplearon combinaciones de términos en español, inglés y portugués, entre ellos
“ciberdelitos”, “delitos informáticos”, “protección de datos personales”, “privacidad
digital”, “ciberseguridad”, “phishing”, “ransomware”, “data breach”, “cybercrime”,
“personal data protection”, “digital privacy” y “Latin America”. La delimitación temporal
se fijó preferentemente entre 2014 y 2025, con apertura a textos clásicos cuando
aportaran fundamentos teóricos indispensables para comprender la evolución
conceptual de la privacidad, el delito informático o la protección jurídica de los datos
personales. Esta amplitud permitió equilibrar actualidad empírica y consistencia
teórica.
La selección de documentos siguió criterios de pertinencia temática, calidad
académica, actualidad, trazabilidad de la fuente y relación directa con el contexto
latinoamericano o con marcos conceptuales aplicables al estudio regional. Se
incluyeron artículos revisados por pares, libros académicos, capítulos especializados,
informes técnicos de organismos reconocidos, legislación vigente y documentos
comparados sobre protección de datos, privacidad digital y respuesta institucional
frente a ciberdelitos. Se excluyeron textos de opinión sin respaldo metodológico,
publicaciones duplicadas, materiales sin autoría identificable, notas periodísticas no
analíticas y documentos que abordaran ciberseguridad desde una perspectiva
exclusivamente técnica sin conexión con protección de datos o desafíos legales. La
depuración se realizó mediante lectura de título, resumen, palabras clave y texto
completo, con el fin de conservar únicamente fuentes capaces de aportar evidencia,
conceptos o criterios jurídicos útiles para el análisis.
El análisis se efectuó a través de una matriz de sistematización documental en la que
se registraron autoría, año, país o región de referencia, tipo de fuente, objetivo del
documento, enfoque metodológico, categoría jurídica abordada, modalidad de
ciberdelito, dimensión de privacidad comprometida, hallazgos principales, limitaciones
y aportes para la discusión. A partir de esa matriz, la información se organizó mediante
codificación temática y comparación interpretativa, agrupando los resultados en ejes
como modalidades de ciberdelito, vulneración de datos personales, obligaciones de
seguridad, notificación de incidentes, capacidad institucional, cooperación
transfronteriza, responsabilidad de actores públicos y privados, y garantías de los
titulares de datos. Este procedimiento permitió reconocer convergencias, tensiones y
vacíos en la literatura sin reducir el análisis a una descripción normativa aislada.
La confiabilidad del procedimiento se fortaleció mediante triangulación entre literatura
científica, doctrina especializada, informes institucionales y normas aplicables,
evitando depender de una sola clase de fuente para sustentar la interpretación del
fenómeno. Dado que la investigación se basó en información pública y documentos
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disponibles, no implicó intervención con personas, tratamiento de datos personales
identificables ni acceso a sistemas informáticos, por lo que los riesgos éticos fueron
mínimos. No obstante, se mantuvo especial cuidado en no reproducir información
sensible, instrucciones explotables o detalles técnicos que pudieran facilitar conductas
ilícitas; además, se priorizó el uso responsable de fuentes, la atribución intelectual y
la lectura crítica de evidencia con sesgos potenciales. Así, la metodología permitió
construir una base analítica coherente para explorar cómo los ciberdelitos tensionan
la protección de datos personales y la privacidad digital en Latinoamérica.
3. Resultados
3.1. Hallazgos sobre ciberdelitos, protección de datos personales y privacidad
digital en Latinoamérica
La revisión permite sostener que los ciberdelitos en Latinoamérica constituyen un
fenómeno estructural de la transformación digital, no una anomalía periférica de los
sistemas informáticos. La expansión de la banca digital, el comercio electrónico, la
administración pública en línea, las plataformas educativas, los servicios de salud
digital y las redes sociales ha incrementado el volumen de datos personales tratados
por organizaciones públicas y privadas, pero esa expansión no siempre ha estado
acompañada por capacidades equivalentes de prevención, supervisión, investigación
y reparación. En ese sentido, la región enfrenta una paradoja: cuanto mayor es la
dependencia social e institucional de los datos, mayor es también la exposición a
fraudes, intrusiones, filtraciones y usos ilícitos de información personal. Este hallazgo
coincide con la literatura que describe el cibercrimen como una criminalidad de
oportunidad ampliada por asimetrías técnicas, debilidades regulatorias y mercados
ilícitos transnacionales de datos, credenciales y accesos (Kshetri, 2013; Solove,
2006).
La evidencia regional muestra, además, que los ataques no afectan únicamente a
usuarios individuales, sino también a infraestructuras organizacionales y estatales
cuya interrupción puede comprometer derechos, continuidad operativa y confianza
institucional. El Banco Mundial ha señalado que los incidentes cibernéticos divulgados
han crecido con particular intensidad en economías emergentes, y sus análisis sobre
América Latina y el Caribe advierten que la ciberseguridad se ha convertido en un
componente de desarrollo económico, competitividad y resiliencia estatal, no solo en
una cuestión técnica de protección de redes (Diao & Vergara Cobos, 2024). En
consecuencia, los ciberdelitos deben analizarse de manera integrada con la
protección de datos personales y la privacidad digital, porque el objeto final de muchos
ataques no es el sistema en sí mismo, sino la extracción, manipulación, secuestro o
monetización de información personal (Nissenbaum, 2004; Solove, 2006).
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3.1.1. Modalidades predominantes de ciberdelitos
Las modalidades predominantes identificadas en la literatura y en los informes
técnicos regionales se concentran en phishing, ransomware, robo de credenciales,
malware, fraude digital, suplantación de identidad, acceso no autorizado, explotación
de vulnerabilidades no corregidas y filtración de bases de datos. Esta diversidad
muestra que el cibercrimen opera mediante cadenas de ataque combinadas: primero
induce al error humano o explota una debilidad técnica; después obtiene acceso,
privilegios o información; finalmente monetiza el daño mediante extorsión, reventa de
datos, fraude financiero o interrupción deliberada de servicios. ESET reportó que en
2023 el 30% de las organizaciones latinoamericanas declaró haber sufrido al menos
un incidente de seguridad, lo cual confirma que estas prácticas no son marginales,
sino recurrentes en el entorno empresarial e institucional de la región (ESET, 2024;
Kshetri, 2013).
El phishing destaca como una modalidad especialmente eficaz porque traslada el
punto crítico de vulnerabilidad desde la infraestructura tecnológica hacia la interacción
cotidiana de usuarios y trabajadores con correos, enlaces, códigos QR, formularios,
aplicaciones y servicios de autenticación. IBM informó que, en Latinoamérica, el
phishing representó el 16% de los incidentes de filtración de datos en 2024, con un
costo promedio de US$2,91 millones por evento; a ello se suman las credenciales
robadas o comprometidas, que representaron el 14% de los casos y alcanzaron un
costo promedio de US$2,89 millones. Estos datos son relevantes porque evidencian
que el acceso indebido no siempre requiere técnicas sofisticadas, sino que puede
apoyarse en ingeniería social, contraseñas reutilizadas, autenticación débil y baja
cultura de seguridad digital (IBM, 2024; Yar & Steinmetz, 2019).
El ransomware, por su parte, se consolida como una modalidad de alto impacto porque
no solo compromete confidencialidad, sino también disponibilidad, continuidad del
servicio y capacidad de recuperación organizacional. En la región, los ataques de
ransomware han afectado empresas, instituciones públicas, proveedores tecnológicos
y servicios esenciales, con consecuencias que pueden incluir paralización
administrativa, pérdida de información, gastos de recuperación, pago de rescates,
litigios y deterioro reputacional (Mina-Bone, 2024). La literatura especializada
interpreta esta modalidad como una expresión de criminalidad digital
empresarializada, en la que los atacantes operan con modelos de ransomware como
servicio, negociación extorsiva y selección estratégica de víctimas con alta
dependencia operativa de sus datos (Kshetri, 2013; Wall, 2007).
3.1.2. Tipos de datos personales más vulnerados
Los datos personales más vulnerados en los incidentes analizados corresponden a
credenciales de acceso, nombres, documentos de identidad, direcciones físicas,
correos electrónicos, números telefónicos, información financiera, historiales
transaccionales, datos laborales, registros administrativos y datos asociados a
servicios públicos. Esta información tiene alto valor en mercados ilícitos porque
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permite construir perfiles de identidad, acceder a cuentas, realizar fraudes, solicitar
créditos, ejecutar campañas de phishing personalizadas o combinar bases de datos
para generar formas más sofisticadas de explotación. Desde la teoría de la privacidad,
el daño no se reduce a la divulgación de un dato aislado, sino a su agregación,
inferencia, reutilización y circulación fuera del contexto original de recolección (Solove,
2006; Nissenbaum, 2004).
La exposición de datos financieros y credenciales resulta particularmente crítica
porque habilita pérdidas económicas inmediatas y, al mismo tiempo, daños
prolongados por suplantación de identidad. Un correo electrónico combinado con
número telefónico, documento de identidad, dirección y credenciales filtradas puede
facilitar accesos indebidos a banca digital, billeteras electrónicas, plataformas de
comercio, servicios gubernamentales y cuentas corporativas (Picoy-Gonzales et al.,
2023). Por ello, los incidentes de datos deben entenderse como eventos acumulativos:
una filtración aparentemente limitada puede adquirir mayor peligrosidad cuando se
cruza con bases previamente expuestas, lo que incrementa el riesgo de fraude,
extorsión, perfilamiento ilegal y discriminación automatizada (Acquisti et al., 2015;
Solove, 2006).
Los datos sensibles constituyen una categoría de especial preocupación, sobre todo
cuando se relacionan con salud, biometría, orientación, geolocalización, menores de
edad, situación socioeconómica o historial educativo. En el ámbito escolar, Contreras
advierte que las iniciativas regulatorias latinoamericanas enfrentan desafíos
específicos respecto de los datos de niños, niñas y adolescentes, debido a que las
plataformas educativas, aplicaciones institucionales y servicios digitales pueden
recolectar información declarada, observada e inferida. Esta vulnerabilidad es
cualitativamente distinta porque involucra sujetos con menor capacidad para
comprender las consecuencias futuras del tratamiento de sus datos y porque los
perfiles construidos durante la infancia pueden producir efectos persistentes en
trayectorias educativas, comerciales o sociales (Contreras, 2022; Nissenbaum, 2004).
3.1.3. Principales afectaciones sociales, económicas e institucionales
Las afectaciones económicas de los ciberdelitos y las filtraciones de datos son
crecientes y verificables. IBM reportó que el costo promedio de una filtración de datos
en Latinoamérica alcanzó US$2,76 millones en 2024, lo que representó un aumento
del 12% respecto del año anterior; además, los sectores industriales, financieros y de
servicios registraron costos promedio de US$3,54 millones, US$3,22 millones y
US$2,94 millones, respectivamente. Esta evidencia muestra que la inseguridad de los
datos produce costos directos e indirectos: investigación forense, recuperación
tecnológica, interrupción operativa, atención a usuarios afectados, defensa legal,
sanciones regulatorias, pérdida de clientes y deterioro reputacional (IBM, 2024;
Lehuedé, 2019).
En términos sociales, el impacto se expresa en pérdida de confianza, ansiedad digital,
exposición a fraudes, hostigamiento, extorsión, daño reputacional y reducción de la
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disposición ciudadana a utilizar servicios digitales. Cuando las personas perciben que
sus datos pueden ser usados sin control o que las instituciones no responderán
eficazmente ante incidentes, se debilita la legitimidad de la transformación digital y se
amplían las brechas de inclusión (Casanova-Villalba & Casanova-Villalba, 2024). La
privacidad, por tanto, no debe concebirse como un interés individual accesorio, sino
como una condición de participación social, libertad informativa y autonomía en
entornos mediados por datos (Acquisti et al., 2015; Nissenbaum, 2004).
En el plano institucional, los incidentes cibernéticos pueden paralizar servicios
públicos, afectar recaudación fiscal, comprometer datos administrativos, interrumpir
atención sanitaria, alterar trámites ciudadanos y erosionar la credibilidad del Estado.
El caso de Costa Rica en 2022, citado por el Banco Mundial como un ataque de
ransomware que afectó a más de veinte entidades gubernamentales, ilustra la
dimensión sistémica del problema: cuando un ataque compromete plataformas
estatales, el daño excede la organización afectada y se proyecta sobre derechos,
servicios esenciales y gobernabilidad. La ciberseguridad se convierte así en un
componente de continuidad democrática, administración pública confiable y
protección efectiva de derechos fundamentales (Diao & Vergara Cobos, 2024; OEA,
2021).
3.1.4. Brechas legales en la protección de datos personales
Las brechas legales observadas en Latinoamérica no se limitan a la existencia o
inexistencia de leyes, sino que abarcan el nivel de actualización normativa, la
independencia de las autoridades de control, la claridad de las bases de licitud, las
obligaciones de seguridad, los regímenes sancionatorios, la regulación de
transferencias internacionales y los mecanismos de notificación de incidentes. La
CEPAL identificó que 22 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan con
legislación vigente o actualizada sobre protección de datos personales, mientras que
11 carecen de una ley en la materia; esta asimetría genera una protección desigual
para los titulares y dificulta la cooperación regional frente a flujos transfronterizos de
datos y delitos digitales (Cabello et al., 2025; Chavarría-Mora, 2025).
La fragmentación normativa también se manifiesta en la forma en que los países
regulan el consentimiento, los datos sensibles, los derechos ARCO o equivalentes, la
portabilidad, la evaluación de impacto, la responsabilidad demostrada y la protección
por diseño y por defecto. Chavarría-Mora observa que las leyes latinoamericanas de
protección de datos muestran patrones heterogéneos de compromiso normativo, lo
que implica que la región no ha alcanzado un estándar uniforme de protección
comparable en todos los países. Esta heterogeneidad es problemática porque los
ciberdelitos son transnacionales, mientras que las respuestas jurídicas continúan
siendo predominantemente territoriales, lentas y desiguales (Chavarría-Mora, 2025;
OEA, 2021).
Otro vacío relevante se vincula con la articulación entre derecho penal informático,
protección de datos y regulación de ciberseguridad. En varios países, los delitos
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informáticos se regulan como conductas de acceso, daño, interceptación o fraude,
mientras que la protección de datos opera como régimen administrativo de tratamiento
legítimo; sin embargo, los incidentes reales suelen atravesar ambas dimensiones
simultáneamente. Una filtración puede involucrar acceso ilícito, incumplimiento de
medidas de seguridad, falta de notificación, tratamiento indebido por terceros y
responsabilidad civil o administrativa. Por ello, la ausencia de coordinación normativa
dificulta una respuesta integral para investigar al atacante, sancionar negligencias
organizacionales y reparar a titulares afectados (Cabello et al., 2025; Lehuedé, 2019).
3.1.5. Debilidades institucionales y técnicas para responder a incidentes
Las debilidades institucionales se observan en la limitada capacidad de detección
temprana, registro de incidentes, investigación forense, cooperación internacional y
coordinación entre autoridades de protección de datos, fiscalías, policías
especializadas, reguladores sectoriales y equipos nacionales de respuesta. La CEPAL
reportó que solo siete países de la región cuentan con CERT/CSIRT gubernamental
con mandato nacional asignado por norma, mientras que doce países no poseen un
CERT/CSIRT; además, dieciocho de los treinta y tres países carecen de lineamientos
nacionales de notificación de incidentes. Esta situación reduce la visibilidad del
problema, impide construir estadísticas sólidas y retrasa la contención de ataques que
podrían escalar rápidamente entre instituciones interconectadas (Cabello et al., 2025).
En el nivel organizacional, la preparación técnica sigue siendo desigual. ESET informó
que solo el 52% de las organizaciones latinoamericanas implementa planes de
respuesta ante incidentes, el 46% cuenta con planes de continuidad de negocio, el
30% dispone de soluciones de prevención de pérdida de datos y apenas el 18% utiliza
inteligencia de amenazas. Estos porcentajes revelan una brecha entre la conciencia
del riesgo y la implementación efectiva de controles, especialmente en organizaciones
que dependen intensamente de datos personales, pero carecen de presupuestos,
talento especializado o marcos de gobernanza suficientemente maduros (ESET, 2024;
Lehuedé, 2019).
La capacitación del personal emerge como una debilidad transversal, pues muchas
intrusiones comienzan con errores humanos inducidos por ingeniería social, enlaces
maliciosos o solicitudes fraudulentas de credenciales. La baja alfabetización en
ciberseguridad no debe atribuirse únicamente a los usuarios, sino a modelos
organizacionales que delegan la protección en decisiones individuales sin ofrecer
formación continua, autenticación robusta, controles de acceso, simulaciones,
protocolos claros y canales seguros de reporte (Hurtado-Guevara & Casanova-
Villalba, 2022). En consecuencia, la resiliencia institucional depende menos de
herramientas aisladas y más de una arquitectura de prevención que combine
tecnología, cultura organizacional, liderazgo, auditoría y responsabilidad demostrable
(IBM, 2024; OEA, 2021).
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3.1.6. Relación entre privacidad digital y gobernanza de la ciberseguridad
El hallazgo integrador es que privacidad digital y gobernanza de la ciberseguridad no
pueden tratarse como agendas separadas. La privacidad establece límites, principios
y derechos frente al tratamiento de datos personales; la ciberseguridad aporta
controles, capacidades y procedimientos para preservar confidencialidad, integridad y
disponibilidad; y la gobernanza articula responsabilidades, rendición de cuentas,
recursos, supervisión y toma de decisiones. Cuando estas dimensiones se gestionan
de manera fragmentada, las organizaciones pueden cumplir formalmente una norma
de privacidad, pero carecer de capacidad real para prevenir o contener incidentes; o
pueden invertir en seguridad técnica sin respetar principios de minimización, finalidad,
transparencia y proporcionalidad (Nissenbaum, 2004; Solove, 2006).
La gobernanza de la ciberseguridad orientada a la protección de datos exige
incorporar evaluaciones de riesgo, análisis de impacto, privacidad desde el diseño,
privacidad por defecto, gestión de terceros, clasificación de información, notificación
oportuna de incidentes, continuidad operativa y métricas verificables de madurez. Los
Principios Actualizados de la OEA sobre privacidad y protección de datos personales
destacan la importancia de responsabilidad, seguridad, transparencia y tutela efectiva,
mientras que los informes de CEPAL subrayan la necesidad de construir ecosistemas
de confianza digital en los que la protección de datos y la ciberseguridad operen de
manera coordinada. Esta convergencia es indispensable para que la digitalización
regional no derive en mayor exposición de los ciudadanos, sino en servicios más
confiables, inclusivos y respetuosos de derechos (OEA, 2021; Cabello et al., 2025).
Finalmente, la relación entre privacidad y gobernanza redefine la responsabilidad de
empresas e instituciones públicas: la protección de datos deja de ser una obligación
meramente documental y se convierte en una práctica de dirección estratégica.
Lehuedé sostiene que la gobernanza corporativa en América Latina y el Caribe debe
asumir la protección de datos como parte de la gestión de riesgos y de la
responsabilidad de directorios y alta gerencia; ello implica pasar de una lógica reactiva
centrada en cumplimiento mínimo a una lógica preventiva basada en responsabilidad
demostrada, supervisión continua y cultura organizacional. La originalidad del enfoque
para el artículo radica precisamente en conectar modalidades delictivas, datos
vulnerados, impactos, brechas legales, debilidades institucionales y gobernanza,
mostrando que la privacidad digital solo es efectiva cuando se integra con
capacidades reales de ciberseguridad y con marcos jurídicos aplicables (Lehuedé,
2019; Chavarría-Mora, 2025).
4. Discusión
El conjunto de hallazgos confirma que los ciberdelitos en Latinoamérica no deben
interpretarse como incidentes tecnológicos aislados, sino como manifestaciones de
una vulnerabilidad estructural asociada a la digitalización acelerada, la expansión de
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servicios basados en datos y la desigual madurez institucional de la región. La
evidencia revisada muestra que la protección de datos personales y la privacidad
digital se encuentran tensionadas por una criminalidad transnacional que aprovecha
la fragmentación normativa, la baja cultura de seguridad y la limitada capacidad de
respuesta estatal y organizacional. Esta lectura coincide con los análisis que ubican
la ciberseguridad como condición habilitante del desarrollo digital, pues la confianza
en plataformas públicas y privadas depende de que los datos sean tratados con
seguridad, legalidad, proporcionalidad y responsabilidad demostrable (Cabello et al.,
2025; Diao & Vergara Cobos, 2024; Kshetri, 2013).
Los resultados relativos a las modalidades predominantes de ciberdelitos sugieren
que la amenaza regional opera mediante una combinación de sofisticación técnica y
explotación de vulnerabilidades ordinarias. El phishing, el ransomware, el robo de
credenciales, el malware, la suplantación de identidad y la explotación de fallas no
corregidas aparecen como prácticas recurrentes porque se apoyan en factores
humanos, deficiencias organizacionales y oportunidades de monetización rápida. El
hecho de que ESET haya reportado que el 30% de las organizaciones
latinoamericanas sufrió al menos un incidente de seguridad en 2023, y que IBM haya
identificado el phishing como el vector inicial más frecuente en filtraciones regionales
de 2024, permite sostener que el problema no se reduce a ataques excepcionales,
sino a patrones persistentes de exposición digital (ESET, 2024; IBM, 2024; Yar &
Steinmetz, 2019).
La discusión adquiere mayor densidad cuando se observa que el ciberdelito
contemporáneo no solo busca acceder a sistemas, sino capturar, combinar y revender
datos personales. Desde esta perspectiva, las credenciales, documentos de identidad,
correos, teléfonos, direcciones, datos bancarios, registros administrativos, información
laboral, datos de salud y datos de menores adquieren valor ilícito porque pueden
reutilizarse para fraude, extorsión, perfilamiento, discriminación o ingeniería social
dirigida. La taxonomía de Solove permite comprender que el daño a la privacidad no
se limita a la divulgación, sino que incluye agregación, inseguridad, uso secundario e
intrusión; a su vez, Nissenbaum enfatiza que la privacidad se vulnera cuando la
información fluye fuera de las normas del contexto en que fue entregada (Nissenbaum,
2004; Solove, 2006).
Las afectaciones económicas e institucionales refuerzan la necesidad de tratar estos
hallazgos como un problema de gobernanza y no solo de cumplimiento técnico. IBM
informó que el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica alcanzó
US$2,76 millones en 2024, con incrementos relevantes en sectores industrial,
financiero y de servicios; además, las filtraciones asociadas a múltiples entornos de
almacenamiento y a credenciales comprometidas evidencian que la complejidad
tecnológica eleva los costos de contención y recuperación. Estas cifras son
consistentes con la literatura que advierte que la privacidad tiene una dimensión
económica y conductual: las personas, organizaciones e instituciones suelen
subestimar riesgos futuros, aun cuando las consecuencias de una exposición de datos
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pueden ser acumulativas, duraderas y socialmente costosas (Acquisti et al., 2015;
IBM, 2024; Lehuedé, 2019).
Las brechas legales identificadas muestran que la región ha avanzado en el
reconocimiento formal de la protección de datos personales, pero todavía enfrenta
dificultades para convertir ese reconocimiento en tutela efectiva. La CEPAL reporta
que 22 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan con legislación vigente
o actualizada en protección de datos personales, mientras que 11 carecen de una ley
específica; además, la existencia de autoridades de control no garantiza por sí misma
capacidad sancionatoria, independencia, cooperación transfronteriza ni articulación
con fiscalías, CERT/CSIRT y reguladores sectoriales. Por ello, la heterogeneidad
normativa descrita por Chavarría-Mora resulta especialmente problemática: los datos
circulan regional y globalmente, mientras las garantías, obligaciones y mecanismos
de respuesta continúan anclados en marcos nacionales desiguales (Cabello et al.,
2025; Chavarría-Mora, 2025; Organización de los Estados Americanos [OEA], 2021).
Las debilidades institucionales y técnicas también permiten explicar por qué los
incidentes escalan con rapidez y por qué muchas organizaciones reaccionan de
manera tardía. La ausencia de lineamientos nacionales de notificación de incidentes
en una parte importante de los países, junto con la disponibilidad desigual de
CERT/CSIRT con mandato nacional, limita la trazabilidad de los ataques, reduce la
calidad de las estadísticas públicas y dificulta la coordinación entre actores. En el
plano organizacional, la baja adopción de planes de respuesta, continuidad de
negocio, prevención de pérdida de datos e inteligencia de amenazas revela que la
región aún opera con una lógica reactiva, más centrada en remediar daños que en
prevenirlos mediante arquitectura institucional, formación permanente y
responsabilidad demostrable (Cabello et al., 2025; ESET, 2024; IBM, 2024).
La relación entre privacidad digital y gobernanza de la ciberseguridad constituye el eje
interpretativo más relevante de la discusión. La privacidad define principios, límites y
derechos sobre el tratamiento de datos; la ciberseguridad provee mecanismos para
preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad; y la gobernanza permite
asignar responsabilidades, recursos, controles y rendición de cuentas. Cuando estas
dimensiones se administran por separado, las organizaciones pueden exhibir políticas
de privacidad formalmente correctas, pero carecer de medidas reales para impedir
accesos indebidos; o, en sentido inverso, pueden desplegar controles técnicos sin
respetar minimización, finalidad, transparencia y proporcionalidad. De ahí que la
protección de datos por diseño, la evaluación de impacto, la notificación de incidentes
y la gestión de terceros deban entenderse como componentes de una misma
arquitectura de confianza digital (Cabello et al., 2025; Lehuedé, 2019; OEA, 2021).
El análisis también permite discutir una tensión crítica: el consentimiento, aunque
central en la protección de datos, resulta insuficiente cuando los titulares enfrentan
ecosistemas digitales opacos, asimetrías informativas y cadenas de tratamiento
difíciles de comprender. En contextos de phishing, aplicaciones interconectadas,
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servicios en la nube, publicidad comportamental y plataformas educativas, el usuario
no siempre puede anticipar la circulación futura de su información ni evaluar
adecuadamente los riesgos derivados de su reutilización. Por ello, la literatura
contemporánea sobre privacidad advierte que la autonomía informativa requiere algo
más que aceptación contractual: exige diseño institucional, límites sustantivos al
tratamiento, supervisión independiente y obligaciones preventivas para quienes
recolectan, procesan o comparten datos personales (Acquisti et al., 2015; Contreras,
2022; Nissenbaum, 2004).
En términos prácticos, los hallazgos sugieren que la respuesta regional debe avanzar
hacia un modelo de convergencia regulatoria y operativa. No basta con tipificar delitos
informáticos ni con aprobar leyes de protección de datos si estas no dialogan con
políticas de ciberseguridad, capacidades forenses, cooperación internacional, cultura
organizacional y mecanismos de reparación a titulares afectados. La armonización de
estándares mínimos, la obligatoriedad de notificar incidentes, el fortalecimiento de
autoridades de control, la profesionalización de equipos de respuesta y la
incorporación de métricas de madurez permitirían reducir la brecha entre norma y
práctica. Esta orientación es consistente con los Principios Actualizados de la OEA,
que proponen seguridad, transparencia, responsabilidad y tutela efectiva como ejes
para fortalecer los marcos nacionales de protección de datos (OEA, 2021; Cabello et
al., 2025; Chavarría-Mora, 2025).
La contribución del artículo radica en articular dimensiones que con frecuencia se
estudian de forma separada: modalidades de ciberdelito, tipos de datos vulnerados,
impactos económicos e institucionales, brechas legales, debilidades técnicas y
gobernanza de la privacidad. Esta integración permite sostener que la protección de
datos personales en Latinoamérica no puede depender exclusivamente de reformas
normativas ni de soluciones tecnológicas aisladas, sino de ecosistemas de confianza
capaces de prevenir, detectar, contener, sancionar y reparar daños. Al tratarse de una
revisión bibliográfica exploratoria, la discusión no pretende establecer causalidades
definitivas, pero sí delimitar un marco interpretativo sólido para investigaciones
posteriores comparativas, estudios empíricos por país y evaluaciones sectoriales de
madurez en ciberseguridad y privacidad digital (Cabello et al., 2025; Diao & Vergara
Cobos, 2024; Solove, 2006).
5. Conclusiones
Los hallazgos permiten concluir que los ciberdelitos en Latinoamérica constituyen un
problema jurídico, institucional y social de alta complejidad, debido a que no se limitan
a la vulneración de sistemas informáticos, sino que comprometen directamente la
protección de datos personales, la privacidad digital, la confianza ciudadana y la
continuidad de servicios esenciales. En este sentido, el fenómeno exige una lectura
integral que supere la visión técnica del riesgo y reconozca que cada incidente digital
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puede derivar en afectaciones económicas, reputacionales, legales y sociales de
amplio alcance.
Se concluye que las modalidades predominantes de ciberdelitos, especialmente el
phishing, el ransomware, el robo de credenciales, la suplantación de identidad, el
acceso no autorizado y la filtración de bases de datos, evidencian una criminalidad
digital cada vez más organizada, adaptable y transnacional. Estas prácticas
aprovechan vulnerabilidades tecnológicas, fallas normativas, insuficiente capacitación
de usuarios y debilidades organizacionales, lo que demuestra que la prevención no
puede depender únicamente de herramientas informáticas, sino de políticas
sostenidas de gestión del riesgo, formación y responsabilidad institucional.
Asimismo, se establece que los datos personales más vulnerados poseen un valor
estratégico para los actores ilícitos, especialmente cuando incluyen información
financiera, documentos de identidad, credenciales, datos de contacto, registros
administrativos, datos de salud, información de menores y perfiles digitales. La
exposición de estos datos no produce daños aislados, sino riesgos acumulativos,
porque la información filtrada puede reutilizarse en fraudes posteriores, extorsiones,
perfilamientos ilegales, accesos indebidos y nuevas formas de manipulación digital.
Otra conclusión relevante es que las afectaciones de los ciberdelitos trascienden el
plano individual y alcanzan dimensiones económicas e institucionales significativas.
Las filtraciones de datos generan costos de recuperación, interrupción operativa,
pérdida de clientes, deterioro reputacional, sanciones, litigios y reducción de la
confianza en servicios digitales. En el ámbito público, los ataques pueden
comprometer trámites, plataformas estatales, servicios esenciales y mecanismos de
gobernabilidad, lo que convierte la ciberseguridad en una condición indispensable
para la estabilidad institucional y la protección efectiva de derechos.
Se concluye también que Latinoamérica presenta avances normativos importantes en
materia de protección de datos personales, pero estos progresos siguen siendo
desiguales, fragmentados y, en varios casos, insuficientes frente a la velocidad de los
ciberdelitos. La existencia de leyes y autoridades de control no garantiza por sí misma
una tutela efectiva si no existen mecanismos claros de notificación de incidentes,
cooperación transfronteriza, sanciones proporcionales, independencia regulatoria,
capacidades forenses y coordinación entre instituciones responsables de seguridad
digital, justicia y protección de datos.
Finalmente, el análisis permite afirmar que la privacidad digital solo puede protegerse
de manera efectiva cuando se articula con una gobernanza sólida de la
ciberseguridad. Esto implica integrar principios jurídicos, medidas técnicas, cultura
organizacional, responsabilidad de directivos, gestión de terceros, evaluación de
riesgos, transparencia y respuesta oportuna ante incidentes. La principal contribución
del estudio radica en mostrar que los desafíos legales de la protección de datos
personales en Latinoamérica no pueden resolverse mediante normas aisladas ni
soluciones tecnológicas parciales, sino mediante un ecosistema de confianza digital
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capaz de prevenir, detectar, contener, sancionar y reparar los daños derivados de la
criminalidad informática.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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