Revista Científica Enfoques del Conocimiento | V.01 | N.04 | Oct–Dic | 2024 | https://revistacec.blez.edu.ec pág. 76
Derechos humanos y acceso a la justicia para
pueblos afrodescendientes
Human rights and access to justice for people of african descent
Mina-Bone, Santos Geovanny
1
Vargas-Fonseca, Alan David
2
https://orcid.org/0000-0002-2526-3988
https://orcid.org/0000-0002-9489-2411
santos.mina@utelvt.edu.ec
alanvargas@udca.edu.co
Ecuador, Esmeraldas, Universidad Técnica Luis
Vargas Torres de Esmeraldas.
Colombia, Bogotá D.C, Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v1/n4/26
Resumen: En América Latina, el acceso a la justicia de los
pueblos afrodescendientes continúa limitado por una brecha
persistente entre el reconocimiento formal de derechos y su
ejercicio material, debido a desigualdades socioeconómicas,
territoriales, raciales e institucionales que restringen la
denuncia, el litigio y la reparación. El objetivo del estudio fue
analizar cómo las condiciones estructurales de discriminación
racial inciden en el acceso efectivo a la justicia de estas
poblaciones, considerando dimensiones normativas,
institucionales, socioeconómicas y territoriales. La
investigación se desarrolló como una revisión bibliográfica
exploratoria, de enfoque cualitativo y diseño documental,
mediante síntesis narrativa, codificación temática y análisis
crítico de artículos científicos, libros, informes especializados
y documentos normativos. Los resultados evidencian que la
pobreza, la segregación territorial, la desconfianza judicial, el
racismo institucional, la limitada asistencia jurídica y la falta de
datos desagregados configuran un entramado de exclusión
que reduce la exigibilidad de derechos. La discusión sostiene
que las respuestas estatales han sido fragmentarias, pues
priorizan declaraciones normativas sin consolidar
mecanismos operativos con enfoque étnico-racial. Se
concluye que garantizar justicia para los pueblos
afrodescendientes exige fortalecer defensorías
especializadas, producir información verificable, formar
operadores jurídicos y diseñar reparaciones transformadoras.
Palabras clave: derechos humanos; acceso a la justicia;
pueblos afrodescendientes; racismo estructural; América
Latina.
Artículo Científico
Received: 28/Oct/2024
Accepted: 26/Nov/2024
Published: 29/Dic/2024
Cita: Mina-Bone, S. G., & Vargas-Fonseca, A.
D. (2024). Derechos humanos y acceso a la
justicia para pueblos
afrodescendientes. Revista Científica
Enfoques Del Conocimiento, 1(4), 76-
92. https://doi.org/10.55813/gaea/revistacec/v
1/n4/26
Revista Científica Enfoques del Conocimiento
(RCEC)
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Artículo Científico
Octubre – Diciembre 2024
Abstract:
In Latin America, access to justice for Afro-descendant peoples remains constrained
by a persistent gap between the formal recognition of rights and their material exercise,
due to socioeconomic, territorial, racial, and institutional inequalities that restrict
reporting, litigation, and reparation. The objective of the study was to analyze how
structural conditions of racial discrimination affect effective access to justice for these
populations, considering normative, institutional, socioeconomic, and territorial
dimensions. The research was developed as an exploratory bibliographic review, with
a qualitative approach and documentary design, using narrative synthesis, thematic
coding, and critical analysis of scientific articles, books, specialized reports, and
normative documents. The results show that poverty, territorial segregation, judicial
distrust, institutional racism, limited legal assistance, and the lack of disaggregated
data create a framework of exclusion that reduces the enforceability of rights. The
discussion argues that state responses have been fragmented, as they prioritize
normative declarations without consolidating operational mechanisms with an ethnic-
racial approach. It is concluded that guaranteeing justice for Afro-descendant peoples
requires strengthening specialized public defense services, producing reliable
information, training legal operators, and designing transformative reparations.
Keywords: human rights; access to justice; Afro-descendant peoples; structural
racism; Latin America.
1. Introducción
En América Latina, el acceso a la justicia para los pueblos afrodescendientes
constituye un problema central de derechos humanos porque conecta la igualdad
formal con la posibilidad real de reclamar, defender y reparar derechos vulnerados. La
magnitud regional impide tratarlo como asunto marginal: las estimaciones censales
disponibles ubican a la población afrodescendiente en torno a 134 millones de
personas, cerca del 21% de la población latinoamericana, con alta concentración en
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Venezuela (CEPAL & UNFPA, 2020;
Banco Mundial, 2018). Esta presencia demográfica contrasta con su persistente
invisibilidad institucional, reflejada en registros judiciales incompletos, escasa
desagregación étnico-racial y baja representación en espacios decisorios. El énfasis
internacional en “reconocimiento, justicia y desarrollo”, primero en el Decenio 2015–
2024 y luego en la agenda 2025–2034, confirma que la justicia no es solo un servicio
estatal, sino una condición para el ejercicio efectivo de derechos (Naciones Unidas,
2024; CIDH, 2011).
La desigualdad que afecta a las comunidades afrodescendientes no se agota en la
pobreza, aunque esta opera como una barrera decisiva para litigar, denunciar,
sostener procesos y obtener reparación. El Banco Mundial ha estimado que las
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personas afrodescendientes tienen 2,5 veces más probabilidad de vivir en pobreza
crónica que las personas blancas o mestizas; además, en Brasil, Colombia, Ecuador,
Panamá, Perú y Uruguay representan el 38% de la población conjunta, pero cerca de
la mitad de quienes viven en pobreza extrema (Banco Mundial, 2018). A ello se suman
segregación residencial, menor escolaridad, mayor desempleo y exposición
diferenciada a violencia, factores que incrementan costos de transporte, asesoría
jurídica y tiempo procesal. Cuando estas restricciones no se abordan, la justicia
reproduce la desigualdad que debería corregir, pues los derechos reconocidos quedan
subordinados a la capacidad económica de activarlos (Cappelletti & Garth, 1978;
Galanter, 1974).
La dimensión institucional del problema se expresa en desconfianza, subregistro y
trato desigual ante operadores policiales, fiscales y judiciales. En 2024,
Latinobarómetro reportó una confianza regional en el Poder Judicial de apenas 28%,
con seis países por debajo del 20%, entre ellos Bolivia, Ecuador, Chile, Perú,
Venezuela y Honduras; ese dato resulta especialmente relevante cuando se analiza a
poblaciones históricamente racializadas, para quienes la distancia respecto del
sistema judicial suele combinarse con experiencias previas de discriminación
(Latinobarómetro, 2024). En paralelo, el World Justice Project estimó que el 49% de
las personas encuestadas en 101 países experimentó al menos un problema legal en
los dos años previos, lo que muestra que las necesidades jurídicas son frecuentes y
no excepcionales (World Justice Project, 2019). Si la demanda potencial de justicia es
alta y la confianza institucional es baja, las comunidades afrodescendientes enfrentan
una doble exclusión: padecen más riesgos de vulneración y, al mismo tiempo, menos
incentivos y recursos para activar mecanismos de protección (CIDH, 2019; Sandefur,
2008).
La literatura ha avanzado al demostrar que la raza, el color de piel y la pertenencia
étnico-racial estructuran oportunidades educativas, laborales y territoriales en la
región, pero todavía existe una brecha analítica en torno a cómo esas desigualdades
se traducen en trayectorias concretas de acceso a la justicia (Telles & PERLA, 2014;
CEPAL & UNFPA, 2020). Los estudios sobre multiculturalismo han mostrado que las
reformas latinoamericanas tendieron a reconocer con mayor claridad ciertos derechos
colectivos indígenas que las demandas afrodescendientes, mientras que los análisis
jurídicos han cuestionado la idea de una tradición regional “racialmente benigna” al
evidenciar formas estatales y consuetudinarias de subordinación racial (Hooker, 2005;
Hernández, 2013). Sin embargo, se sabe menos sobre la relación entre discriminación
racial, pobreza crónica, confianza judicial, disponibilidad de asistencia legal, trato
procesal y efectividad de las reparaciones. Esta brecha importa porque una política
antirracista sin indicadores de justicia corre el riesgo de medir inclusión social sin
verificar si las personas pueden reclamar derechos cuando estos son vulnerados
(Paschel, 2016; Sandefur, 2008).
La conveniencia de estudiar este problema radica en que el acceso a la justicia
funciona como puente entre reconocimiento jurídico y transformación material. Su
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relevancia social es evidente: sin denuncia efectiva, defensa adecuada y reparación
proporcional, la discriminación racial queda normalizada en la escuela, el empleo, la
vivienda, la salud, el territorio y la seguridad pública (CIDH, 2011; CIDH, 2019). Su
valor teórico consiste en articular los enfoques de derechos humanos, desigualdad
racial y sociología jurídica, desplazando la mirada desde la existencia formal de
normas hacia las condiciones reales de uso del derecho por parte de sujetos
racializados. Su utilidad metodológica se vincula con la posibilidad de combinar
estadísticas censales, encuestas de necesidades jurídicas, mediciones de confianza
institucional, informes interamericanos y evidencia cualitativa comunitaria, lo que
permitiría observar tanto patrones regionales como experiencias situadas (World
Justice Project, 2019; CEPAL & UNFPA, 2020).
La viabilidad de una investigación sobre este tema se fortalece por la existencia de
bases comparables y documentos regionales recientes, aunque también exige cautela
ética frente al uso de categorías étnico-raciales. Los censos y encuestas de hogares
han mejorado la visibilidad estadística de la afrodescendencia, pero la comparabilidad
sigue limitada por diferencias nacionales en autoidentificación, categorías de color y
cobertura territorial (Del Popolo & Antón, 2009; CEPAL & UNFPA, 2020). A su vez, los
datos de justicia suelen carecer de desagregación racial, lo que obliga a triangular
información institucional con encuestas, entrevistas y revisión documental sin convertir
la identidad afrodescendiente en variable meramente administrativa. De forma
coherente con ese desafío, el estudio puede desarrollarse con análisis documental,
datos secundarios y participación voluntaria de actores comunitarios, preservando
confidencialidad, consentimiento informado y no revictimización como criterios
mínimos de investigación en derechos humanos (Sandefur, 2008; CIDH, 2019).
A partir de este vacío, el propósito del estudio es analizar cómo las condiciones
estructurales de discriminación racial inciden en el acceso efectivo a la justicia de los
pueblos afrodescendientes en América Latina, considerando dimensiones normativas,
institucionales, socioeconómicas y territoriales. Para alcanzar ese objetivo general, el
trabajo se propone describir los principales obstáculos jurídicos e institucionales que
enfrentan las comunidades afrodescendientes; determinar la relación entre pobreza,
confianza judicial y capacidad de activación de reclamos; comparar respuestas
estatales y comunitarias orientadas a la reparación; y estimar la utilidad de los datos
desagregados para diseñar políticas de justicia racial. La contribución esperada reside
en ofrecer una lectura integrada que no reduzca la justicia a tribunales ni la
afrodescendencia a vulnerabilidad, sino que ubique a estos pueblos como sujetos de
derechos, productores de agencia jurídica y actores indispensables para evaluar la
democracia regional. Su originalidad se vincula, precisamente, con convertir la brecha
entre reconocimiento normativo y justicia efectiva en el eje analítico de una agenda
empírica y aplicada (Cappelletti & Garth, 1978; Hernández, 2013; Paschel, 2016).
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2. Materiales y métodos
La investigación se estructuró como un artículo exploratorio de revisión bibliográfica,
con enfoque cualitativo, diseño documental y razonamiento analítico-sintético. Esta
elección metodológica resulta pertinente porque el objeto de estudio —derechos
humanos y acceso a la justicia para pueblos afrodescendientes en América Latina—
exige mapear enfoques conceptuales, vacíos normativos, tendencias empíricas y
debates institucionales, antes que probar relaciones causales o estimar efectos
estadísticos. En consecuencia, la revisión se orientó a identificar cómo la literatura
académica y los informes especializados han abordado las barreras jurídicas,
sociales, territoriales e institucionales que condicionan el acceso efectivo a la justicia
de las poblaciones afrodescendientes.
El alcance exploratorio permitió delimitar un campo heterogéneo en el que convergen
estudios jurídicos, sociología del derecho, derechos humanos, desigualdad racial,
políticas públicas y justicia territorial. Por ello, la unidad de análisis estuvo constituida
por artículos científicos, libros académicos, capítulos de libro, informes de organismos
internacionales y documentos normativos pertinentes para comprender la relación
entre afrodescendencia, discriminación racial y justicia. La revisión no pretendió agotar
toda la producción disponible ni realizar metaanálisis, sino organizar críticamente la
evidencia existente para reconocer patrones, tensiones y áreas insuficientemente
investigadas, siguiendo la lógica de las revisiones de alcance aplicadas a preguntas
amplias y multidimensionales.
Se emplearon combinaciones en español, inglés y portugués con términos como
“afrodescendientes”, “pueblos afrodescendientes”, “personas afrodescendientes”,
“población negra”, “people of African descent”, “acceso a la justicia”, “derechos
humanos”, “discriminación racial”, “justicia racial”, “Latin America” y “América Latina”.
El periodo de búsqueda se delimitó entre 2010 y 2026, sin excluir textos clásicos
anteriores cuando resultaran indispensables para sustentar categorías teóricas sobre
acceso a la justicia o desigualdad jurídica.
Los criterios de inclusión consideraron documentos con relación directa entre
afrodescendencia, derechos humanos, discriminación racial, sistema de justicia,
reparación, litigio, institucionalidad judicial o barreras de acceso a derechos en
América Latina. Se incluyeron estudios empíricos, revisiones, análisis doctrinales,
informes técnicos y documentos regionales con autoría verificable, pertinencia
temática y trazabilidad metodológica o institucional. Se excluyeron textos sin
identificación clara de autoría, documentos de opinión sin respaldo analítico,
publicaciones duplicadas, materiales centrados exclusivamente en otras regiones sin
conexión latinoamericana y estudios que mencionaran a la población
afrodescendiente solo de forma marginal. Esta depuración buscó preservar
coherencia temática y calidad interpretativa sin convertir la revisión exploratoria en
una revisión sistemática estricta.
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La información seleccionada se organizó en una matriz de extracción que registró
autoría, año, país o región, tipo de fuente, objetivo del documento, enfoque teórico,
población referida, dimensión de justicia abordada, principales hallazgos, limitaciones
y aportes para la pregunta de revisión. La valoración de calidad se realizó de manera
proporcional al tipo de documento: en estudios empíricos se consideró claridad del
diseño, pertinencia de la muestra, consistencia analítica y transparencia de resultados;
en informes institucionales se examinó fuente productora, metodología declarada,
cobertura territorial y utilidad normativa. Esta estrategia permitió comparar materiales
heterogéneos sin imponer un único criterio de jerarquización propio de diseños
experimentales o clínicos.
El análisis se desarrolló mediante síntesis narrativa y codificación temática, agrupando
la evidencia en ejes vinculados con reconocimiento jurídico, barreras económicas,
discriminación institucional, confianza en la justicia, representación, reparación y
producción de datos desagregados. A partir de esos ejes se identificaron
convergencias, contradicciones y vacíos, especialmente en torno a la escasa medición
empírica del acceso a la justicia desde variables étnico-raciales. Dado que el estudio
se basó en fuentes documentales de acceso público, no involucró intervención con
personas ni recopilación de datos sensibles; aun así, se cuidó el uso ético del lenguaje,
la atribución rigurosa de fuentes y la no reproducción de enfoques estigmatizantes
sobre los pueblos afrodescendientes.
3. Resultados
3.1. Barreras estructurales e institucionales que limitan el acceso a la justicia
de los pueblos afrodescendientes en América Latina
3.1.1. Persistencia de obstáculos socioeconómicos, territoriales y raciales para
activar mecanismos de justicia
El acceso a la justicia de los pueblos afrodescendientes en América Latina no puede
comprenderse como una simple cuestión de disponibilidad normativa o existencia
física de tribunales, fiscalías y defensorías. La revisión evidencia que la posibilidad de
acudir al sistema de justicia está mediada por desigualdades históricas que anteceden
al conflicto jurídico: pobreza persistente, segregación territorial, discriminación racial,
precariedad educativa, informalidad laboral y débil presencia institucional en territorios
afrodescendientes. En ese sentido, aunque las constituciones latinoamericanas
reconocen formalmente la igualdad, el derecho solo se vuelve exigible cuando las
personas cuentan con recursos materiales, información, acompañamiento técnico y
confianza institucional para activar los mecanismos de protección. Esta tensión resulta
especialmente significativa si se considera que la población afrodescendiente
representa aproximadamente 134 millones de personas en la región, cerca del 21%
de la población latinoamericana, lo que convierte el problema en una cuestión
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estructural de democracia, ciudadanía y derechos humanos, no en una demanda
sectorial o minoritaria (CEPAL & UNFPA, 2020; Banco Mundial, 2018).
La pobreza racializada constituye una de las barreras más persistentes porque
transforma el acceso a la justicia en una carga económica desproporcionada. Litigar,
denunciar o sostener un reclamo implica costos directos e indirectos: transporte hacia
centros urbanos, pago de asesoría jurídica, reproducción de documentos, pérdida de
ingresos diarios, cuidado de familiares y tiempo invertido en trámites prolongados.
Para comunidades afrodescendientes que suelen enfrentar mayores niveles de
pobreza crónica, estos costos adquieren un carácter excluyente. El Banco Mundial
estimó que los hogares afrodescendientes tienen 2,5 veces más probabilidad de vivir
en pobreza crónica que los hogares blancos o mestizos, y que en varios países de la
región su peso dentro de la pobreza extrema supera su proporción poblacional. Por
ello, la desigualdad económica no solo limita el bienestar material, sino que reduce la
capacidad de convertir una vulneración en una reclamación efectiva, reproduciendo lo
que Galanter denominó la ventaja de quienes poseen más recursos para usar
reiteradamente el sistema legal en su favor (Banco Mundial, 2018; Galanter, 1974).
A esta barrera económica se suma una dimensión territorial que suele ser menos
visible, pero decisiva. Muchas comunidades afrodescendientes habitan zonas
costeras, rurales, ribereñas, periféricas o urbanamente segregadas, donde la
presencia estatal es intermitente y la oferta de servicios jurídicos resulta insuficiente.
La distancia frente a juzgados, oficinas de defensoría pública, fiscalías o centros de
atención a víctimas no solo incrementa los costos de desplazamiento, sino que
también produce una sensación de ajenidad respecto del aparato judicial. En estos
contextos, el Estado aparece más como fuerza policial, autoridad administrativa o
actor extractivo que como garante de derechos. De ahí que la lejanía institucional no
sea únicamente geográfica, sino también simbólica: expresa una ciudadanía
incompleta en la que los pueblos afrodescendientes son formalmente titulares de
derechos, pero materialmente enfrentan mayores dificultades para hacerlos exigibles
(CIDH, 2011; Sandefur, 2008).
El racismo opera como una barrera transversal porque afecta la forma en que las
personas afrodescendientes son escuchadas, valoradas y tratadas por los operadores
de justicia. No se trata solo de actos individuales de discriminación, sino de patrones
institucionales que pueden manifestarse en incredulidad frente a denuncias,
minimización de daños raciales, perfiles policiales basados en estereotipos,
criminalización de jóvenes afrodescendientes y ausencia de sensibilidad frente a
violencias históricas. En consecuencia, la experiencia judicial puede convertirse en
una segunda forma de victimización: la persona no solo enfrenta la vulneración inicial,
sino también un sistema que puede exigirle pruebas más gravosas, responder con
indiferencia o reproducir imaginarios de sospecha. Esta dimensión es crucial porque
la justicia pierde legitimidad cuando quienes acuden a ella perciben que su identidad
racial condiciona la credibilidad de su testimonio o la intensidad de la protección estatal
(CIDH, 2021a; Hernández, 2013).
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La literatura también permite argumentar que las barreras socioeconómicas,
territoriales y raciales no actúan de manera aislada, sino como un entramado
acumulativo. Una mujer afrodescendiente pobre, habitante de una zona periférica y
víctima de discriminación laboral, por ejemplo, no enfrenta una sola barrera, sino una
concatenación de obstáculos que inciden en su capacidad de reconocer el daño,
encontrar asesoría, presentar una denuncia, sostener el procedimiento y obtener
reparación. Esta perspectiva interseccional resulta indispensable porque evita reducir
el problema a “falta de información jurídica” o “baja cultura de denuncia”; más bien,
muestra que la no denuncia puede ser una decisión racional frente a instituciones
costosas, lentas, distantes y percibidas como racialmente sesgadas. Por ello, hablar
de acceso a la justicia exige analizar simultáneamente las condiciones materiales de
vida, la distribución territorial del Estado y las prácticas racializadas de las instituciones
(Sandefur, 2008; CEPAL & UNFPA, 2020).
Desde esta lectura, la persistencia de obstáculos para activar mecanismos de justicia
revela una contradicción profunda del Estado de derecho latinoamericano: existe un
reconocimiento jurídico creciente de los derechos de los pueblos afrodescendientes,
pero dicho reconocimiento no siempre se traduce en capacidad real de reclamación.
La justicia, en lugar de funcionar como mecanismo de igualación, puede reproducir
desigualdades cuando exige a poblaciones históricamente excluidas los mismos
recursos, tiempos, lenguajes y competencias que poseen los grupos socialmente
privilegiados. Esta constatación desplaza el análisis desde la pregunta “¿existen
normas?” hacia una pregunta más exigente: “¿quién puede usar efectivamente esas
normas y bajo qué condiciones?”. En esa transición se ubica el núcleo del problema,
porque la igualdad jurídica sin condiciones materiales de acceso termina operando
como promesa normativa incumplida (Cappelletti & Garth, 1978; Galanter, 1974).
3.1.2. Insuficiencia de las respuestas estatales para garantizar justicia con
enfoque étnico-racial
La segunda gran barrera identificada es la insuficiencia de las respuestas estatales
para construir una justicia con enfoque étnico-racial. Si bien América Latina ha
avanzado en el reconocimiento constitucional de la diversidad, la prohibición de la
discriminación y la adopción de instrumentos internacionales contra el racismo, estos
avances no han sido acompañados de transformaciones institucionales
suficientemente profundas. En muchos países, el enfoque étnico-racial permanece
como un principio declarativo antes que como una metodología efectiva para
investigar, juzgar, reparar y prevenir violaciones de derechos. Esto significa que los
sistemas judiciales pueden reconocer abstractamente la igualdad, pero carecer de
protocolos, datos, formación, recursos y mecanismos de seguimiento para enfrentar
el racismo estructural en casos concretos (OEA, 2013; CIDH, 2021a).
Uno de los déficits más graves es la ausencia de información judicial desagregada por
pertenencia étnico-racial, color de piel, género, edad, territorio y condición
socioeconómica. Sin estos datos, resulta difícil saber cuántas denuncias por
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discriminación racial ingresan al sistema, cuántas son archivadas, cuánto tiempo
tardan en resolverse, qué tipo de reparación se concede y si existen diferencias en el
trato procesal respecto de otros grupos poblacionales. Esta falta de medición produce
una forma de invisibilidad institucional: aquello que no se registra no se diagnostica,
lo que no se diagnostica no se presupuesta, y lo que no se presupuesta difícilmente
se transforma en política pública sostenida. Por tanto, la carencia de datos no es una
limitación técnica menor, sino un obstáculo político para demostrar la magnitud del
racismo judicial y diseñar respuestas proporcionales (CEPAL & UNFPA, 2020; OEA,
2013).
La insuficiencia estatal también se observa en la débil incorporación del racismo
estructural como categoría jurídica y probatoria. Muchos sistemas judiciales continúan
tratando la discriminación racial como un hecho aislado, individual y excepcional, lo
que dificulta reconocer patrones históricos de exclusión, prácticas institucionales
reiteradas o daños colectivos. Esta mirada restringida reduce el potencial
transformador de la justicia porque desplaza la atención hacia la intención del agresor
individual y deja en segundo plano los efectos acumulados de la discriminación. En
cambio, una justicia con enfoque étnico-racial debería analizar contextos, asimetrías
de poder, estereotipos institucionales, impactos diferenciados y condiciones históricas
de subordinación. Solo así el sistema judicial puede pasar de sancionar episodios
visibles de racismo a desmantelar estructuras que producen desigualdad persistente
(Hernández, 2013; CIDH, 2021a).
Otro elemento problemático es la limitada representación afrodescendiente en
instituciones de justicia y espacios de decisión pública. La baja presencia de personas
afrodescendientes en judicaturas, fiscalías, defensorías, cuerpos técnicos, escuelas
judiciales y órganos administrativos no implica automáticamente discriminación en
cada decisión, pero sí reduce la pluralidad de experiencias, saberes y sensibilidades
dentro del aparato estatal. Además, cuando los sistemas de justicia son social y
racialmente homogéneos, tienden a interpretar los conflictos desde marcos culturales
dominantes que pueden ignorar formas específicas de daño, territorialidad, identidad
comunitaria o violencia racial. La representación, por tanto, no debe entenderse solo
como inclusión simbólica, sino como condición institucional para ampliar la
comprensión de los conflictos y mejorar la legitimidad democrática de la justicia
(Paschel, 2016; Hooker, 2005).
Las respuestas estatales también resultan insuficientes cuando se limitan a crear
normas antidiscriminatorias sin garantizar asistencia jurídica especializada,
defensorías comunitarias, acompañamiento psicosocial, formación obligatoria de
operadores y mecanismos de reparación integral. El acceso a la justicia no se agota
en abrir la puerta del tribunal; requiere que la persona afectada pueda comprender el
procedimiento, recibir orientación gratuita, presentar pruebas pertinentes, ser tratada
con dignidad y obtener una decisión capaz de reparar el daño. En casos de
discriminación racial, la reparación no debería limitarse a indemnizaciones
individuales, sino incluir disculpas públicas, garantías de no repetición, reformas
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institucionales, medidas educativas y reconocimiento del daño colectivo cuando
corresponda. De lo contrario, la justicia se vuelve meramente declarativa y pierde
capacidad de alterar las condiciones que originaron la vulneración (Cappelletti &
Garth, 1978; CIDH, 2021a).
La literatura crítica ha mostrado, además, que los modelos latinoamericanos de
reconocimiento multicultural han tendido a privilegiar ciertas formas de diferencia
cultural, especialmente aquellas asociadas a derechos territoriales o identidades
indígenas, mientras que las demandas afrodescendientes vinculadas al racismo
antinegro, al color de piel y a la desigualdad racial han recibido una atención más
ambigua. Esta situación no implica oponer derechos indígenas y afrodescendientes,
sino advertir que los marcos institucionales de reconocimiento no siempre han sido
igualmente eficaces para responder a distintas formas de subordinación. Cuando el
Estado reconoce diversidad cultural, pero no enfrenta jerarquías raciales, puede
producir una inclusión parcial: acepta la diferencia como patrimonio, folclor o identidad,
pero no transforma las condiciones de discriminación que limitan la justicia, la
representación y la reparación (Hooker, 2005; Paschel, 2016).
En términos argumentativos, la insuficiencia estatal radica en que las instituciones han
respondido al problema del racismo con herramientas fragmentadas frente a un
fenómeno que es estructural. Las normas contra la discriminación son necesarias,
pero insuficientes si no se articulan con presupuestos, datos, capacitación,
participación comunitaria y mecanismos de evaluación. Del mismo modo, las políticas
de acceso a la justicia son incompletas si se diseñan para un usuario abstracto,
urbano, alfabetizado, económicamente disponible y racialmente no marcado. El
enfoque étnico-racial exige reconocer que no todas las personas llegan al sistema
judicial desde la misma posición social ni enfrentan los mismos riesgos de descrédito,
criminalización o abandono institucional. En esa medida, la justicia igualitaria no
consiste en tratar a todos de la misma manera, sino en remover las desigualdades
que impiden a ciertos grupos ejercer sus derechos en condiciones equivalentes
(Sandefur, 2008; CIDH, 2011).
En conjunto, las barreras estructurales e institucionales configuran un circuito de
exclusión que debilita la promesa democrática del acceso a la justicia. La pobreza
restringe la capacidad de litigar; la segregación territorial distancia a las comunidades
de las instituciones; el racismo erosiona la confianza en los operadores judiciales; la
falta de datos impide dimensionar el problema; y la respuesta estatal fragmentaria
reduce la posibilidad de reparación transformadora. Por ello, garantizar justicia para
los pueblos afrodescendientes requiere pasar de una igualdad formal a una justicia
situada, capaz de reconocer trayectorias históricas de exclusión, producir evidencia
desagregada, fortalecer la asistencia jurídica y diseñar reparaciones que no solo
compensen daños individuales, sino que contribuyan a modificar las estructuras que
los hacen recurrentes (Hernández, 2013; CEPAL & UNFPA, 2020; CIDH, 2021a).
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4. Discusión
La revisión realizada permite sostener que el acceso a la justicia de los pueblos
afrodescendientes en América Latina no constituye un problema meramente
procedimental, sino una manifestación compleja de desigualdad estructural. Aunque
la región ha ampliado el reconocimiento jurídico de la igualdad y la no discriminación,
la efectividad de esos derechos continúa condicionada por la posición
socioeconómica, la ubicación territorial, la racialización de los cuerpos y la capacidad
institucional para responder a conflictos marcados por el racismo. Esta constatación
coincide con los informes regionales que describen avances normativos todavía
insuficientes para desmontar la matriz de desigualdad que afecta a una población
afrodescendiente estimada en 134 millones de personas, equivalente a cerca de una
quinta parte de la población latinoamericana (CEPAL & UNFPA, 2020; Banco Mundial,
2018).
El principal aporte interpretativo de los resultados radica en mostrar que las barreras
de acceso a la justicia operan antes, durante y después del contacto con el sistema
judicial. Antes del proceso, la pobreza, la informalidad laboral, la baja disponibilidad
de asesoría jurídica y la distancia geográfica restringen la posibilidad de transformar
una vulneración en reclamo. Durante el proceso, los costos, la duración de los trámites
y la asimetría técnica entre partes favorecen a quienes poseen recursos acumulados.
Después del proceso, la reparación suele ser insuficiente cuando no modifica las
condiciones que permitieron la vulneración. Esta lectura dialoga con la tesis clásica
de Galanter (1974), según la cual los actores con mayor capacidad económica e
institucional obtienen ventajas reiteradas en el uso del derecho, y con Sandefur
(2008), quien muestra que la desigualdad civil se reproduce mediante costos, recursos
desiguales y experiencias diferenciadas frente a la ley.
Los hallazgos también permiten discutir críticamente la idea de que el problema se
resuelve ampliando la oferta formal de juzgados o promulgando normas
antidiscriminatorias. Si bien estas medidas son necesarias, resultan insuficientes
cuando no se acompañan de asistencia jurídica gratuita, alfabetización legal,
mecanismos comunitarios de orientación, defensorías con enfoque étnico-racial y
rutas de atención culturalmente pertinentes. En contextos donde casi la mitad de las
personas encuestadas en estudios globales ha experimentado al menos un problema
legal reciente, la justicia debe entenderse como una infraestructura social de
protección y no solo como una institución reactiva que opera cuando el conflicto ya se
ha judicializado (World Justice Project, 2019).
La dimensión territorial adquiere especial importancia porque muchos pueblos
afrodescendientes habitan espacios donde el Estado aparece de forma fragmentaria:
llega con dispositivos policiales, controles administrativos o proyectos extractivos,
pero no siempre con servicios judiciales, defensa pública, atención a víctimas o
reparación efectiva. Esta asimetría produce una forma de ciudadanía discontinua, en
la cual la titularidad abstracta de derechos convive con obstáculos materiales para
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ejercerlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la
lejanía geográfica, la desconfianza institucional, la impunidad y la ausencia de
incentivos para denunciar casos de racismo limitan el acceso efectivo de las personas
afrodescendientes a los mecanismos de justicia (CIDH, 2011).
Asimismo, los resultados confirman que el racismo institucional no debe interpretarse
como una suma de prejuicios individuales, sino como un patrón de funcionamiento
estatal que incide en la credibilidad asignada a las víctimas, la valoración de la prueba,
la respuesta policial, la investigación fiscal y la intensidad de la reparación. Esta
perspectiva es coherente con Hernández (2013), quien cuestiona la narrativa de una
tradición latinoamericana jurídicamente benigna en materia racial y demuestra que los
Estados de la región han participado históricamente en la reproducción de jerarquías
raciales. En consecuencia, la discusión no debe centrarse únicamente en si existen
normas contra el racismo, sino en si los operadores jurídicos cuentan con categorías,
protocolos y formación para identificarlo como fenómeno estructural y no solo como
ofensa interpersonal (Hernández, 2013; CIDH, 2021).
Un aspecto especialmente problemático es la insuficiencia de datos judiciales
desagregados por pertenencia étnico-racial, género, edad, territorio y condición
socioeconómica. Sin esa información, resulta difícil estimar cuántas denuncias por
discriminación racial ingresan, cuántas se archivan, cuánto tardan en resolverse, qué
reparaciones se conceden y si existen patrones diferenciados de criminalización o
desprotección. La falta de datos no es un vacío administrativo neutral: produce
invisibilidad pública, debilita la exigibilidad de derechos y limita el diseño de políticas
basadas en evidencia. La Convención Interamericana contra el Racismo reconoce
precisamente la relevancia de generar información para combatir la discriminación
racial, lo que permite afirmar que medir no es una tarea accesoria, sino una condición
de justicia institucional (OEA, 2013; CEPAL & UNFPA, 2020).
La discusión también revela que las respuestas estatales han sido fragmentarias
porque muchas reformas latinoamericanas reconocieron la diversidad cultural sin
enfrentar con igual intensidad la racialización antinegra. Hooker (2005) mostró que los
regímenes de ciudadanía multicultural tendieron a otorgar mayor reconocimiento
colectivo a demandas indígenas, mientras que las demandas afrodescendientes
fueron frecuentemente menos atendidas cuando se formularon en términos de raza,
color de piel y discriminación estructural. Esta asimetría no debe leerse como
competencia entre pueblos indígenas y afrodescendientes, sino como evidencia de
que el multiculturalismo puede resultar limitado cuando reconoce identidades, pero no
desmonta jerarquías raciales que atraviesan la justicia, la representación política y la
distribución de recursos (Hooker, 2005; Paschel, 2016).
Desde el punto de vista institucional, la baja confianza en el sistema judicial intensifica
la brecha entre reconocimiento normativo y uso efectivo del derecho. Latinobarómetro
reportó en 2024 una confianza regional en el Poder Judicial de 28%, dato que resulta
especialmente relevante para poblaciones históricamente expuestas a discriminación,
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criminalización y trato desigual. Cuando la ciudadanía percibe que existe una justicia
para quienes tienen recursos y otra para quienes carecen de ellos, la denuncia deja
de ser una vía razonable y se transforma en una apuesta incierta, costosa y
emocionalmente desgastante. Por ello, la legitimidad judicial no depende solo de la
existencia de normas, sino de la experiencia concreta de trato digno, escucha efectiva,
investigación diligente y reparación proporcional (Latinobarómetro, 2024; CIDH,
2011).
La revisión bibliográfica sugiere, además, que el acceso a la justicia debe ser
interpretado como un proceso de empoderamiento jurídico y no únicamente como
acceso a tribunales. Esto implica que las comunidades afrodescendientes no sean
tratadas solo como poblaciones vulnerables, sino como sujetos colectivos con
agencia, memoria jurídica, repertorios organizativos y capacidad de producción
normativa. En esa línea, Paschel (2016) demuestra que los movimientos negros en
Colombia y Brasil contribuyeron a transformar demandas históricamente
marginalizadas en reclamos de derechos étnico-raciales, lo que confirma que la
justicia también se construye desde la movilización social, la interlocución comunitaria
y la disputa por categorías estatales de reconocimiento.
La principal implicación teórica de estos resultados consiste en articular los estudios
de acceso a la justicia con la sociología de la desigualdad racial y los enfoques críticos
de derechos humanos. La justicia no puede evaluarse únicamente a partir de
indicadores de eficiencia judicial, número de juzgados o producción normativa; debe
examinarse desde la capacidad real de las personas afrodescendientes para nombrar
el daño, activar mecanismos institucionales, recibir protección, disputar narrativas
racializadas y obtener reparaciones con efecto transformador. De este modo, el
artículo se distancia de una lectura formalista del derecho y propone comprender el
acceso a la justicia como un campo de poder atravesado por clase, raza, territorio y
legitimidad institucional (Cappelletti & Garth, 1978; Sandefur, 2008; Hernández, 2013).
En términos prácticos, los hallazgos orientan una agenda de política pública centrada
en cuatro líneas prioritarias: producción de datos judiciales desagregados,
fortalecimiento de defensorías públicas con enfoque étnico-racial, formación
obligatoria de operadores de justicia en racismo estructural y diseño de reparaciones
integrales con participación comunitaria. Estas medidas no sustituyen las reformas
normativas, pero las vuelven operativas al traducir la igualdad formal en dispositivos
concretos de exigibilidad. La CIDH y su REDESCA han subrayado que la
discriminación racial estructural exige respuestas estatales orientadas a prevención,
combate, erradicación y reparación, lo cual confirma que la justicia antirracista
requiere institucionalidad, presupuesto, seguimiento y voluntad política sostenida
(CIDH, 2021).
Finalmente, al tratarse de una revisión bibliográfica exploratoria, los resultados deben
interpretarse como una sistematización crítica de tendencias y vacíos, no como una
medición causal ni como una generalización homogénea para todos los países
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latinoamericanos. La heterogeneidad nacional, las diferencias censales, la diversidad
de identidades afrodescendientes y la disponibilidad desigual de datos judiciales
limitan la comparabilidad regional. Sin embargo, esa limitación también refuerza la
pertinencia del estudio, porque evidencia la necesidad de investigaciones empíricas
posteriores que combinen análisis documental, entrevistas comunitarias, revisión de
expedientes, indicadores judiciales y metodologías participativas. La contribución
central del artículo consiste, por tanto, en ubicar la brecha entre reconocimiento de
derechos y justicia efectiva como núcleo analítico para comprender la persistencia del
racismo estructural en América Latina (CEPAL & UNFPA, 2020; González Morales &
Contesse Singh, 2004; CIDH, 2021).
5. Conclusiones
El análisis permite concluir que el acceso a la justicia de los pueblos afrodescendientes
en América Latina sigue condicionado por una brecha profunda entre el
reconocimiento formal de derechos y su exigibilidad material. Aunque existen avances
normativos en igualdad, no discriminación y derechos humanos, estos resultan
insuficientes cuando las comunidades afrodescendientes enfrentan pobreza
persistente, segregación territorial, baja disponibilidad de defensa jurídica y
desconfianza institucional acumulada.
Las barreras identificadas no actúan de manera aislada, sino como un entramado
estructural que limita la capacidad real de denunciar, litigar y obtener reparación. La
pobreza encarece el acceso al sistema judicial; la distancia territorial debilita la
presencia estatal; el racismo institucional afecta la credibilidad de las víctimas; y la
falta de información jurídica reduce la posibilidad de transformar una vulneración en
reclamo efectivo.
También se concluye que las respuestas estatales han sido predominantemente
fragmentarias, pues muchas políticas se concentran en la proclamación normativa de
la igualdad sin desarrollar mecanismos operativos suficientes. La ausencia de datos
judiciales desagregados por pertenencia étnico-racial, género, edad, territorio y
condición socioeconómica impide diagnosticar con precisión la magnitud del
problema, evaluar el desempeño institucional y diseñar políticas públicas
proporcionales al daño racial estructural.
El estudio evidencia que una justicia con enfoque étnico-racial exige superar la
concepción tradicional del acceso a tribunales y avanzar hacia un modelo integral de
garantía de derechos. Ello implica fortalecer defensorías públicas especializadas,
incorporar formación obligatoria sobre racismo estructural para operadores jurídicos,
crear rutas comunitarias de acompañamiento, producir información verificable y
diseñar reparaciones transformadoras orientadas a prevenir la repetición de prácticas
discriminatorias.
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Finalmente, la principal contribución del artículo radica en situar el acceso a la justicia
como un indicador sustantivo de ciudadanía, democracia e igualdad racial. La
originalidad del enfoque consiste en mostrar que la exclusión afrodescendiente no se
explica únicamente por déficits jurídicos, sino por la interacción entre desigualdad
social, racialización institucional y debilidad estatal para reparar daños históricos. En
ese sentido, garantizar justicia para los pueblos afrodescendientes no es solo mejorar
procedimientos, sino disputar las condiciones estructurales que han convertido la
igualdad legal en una promesa incompleta.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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